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La Corte Suprema de Brasil exige explicaciones al ex presidente tras descubrir un documento que sugiere un intento de asilo en Argentina. El caso se enmarca en la investigación por intento de golpe de Estado.
Jueves 21 de Agosto de 2025
12:21 | Jueves 21 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, otorgó un plazo de 48 horas a la defensa de Jair Bolsonaro para que justifique el incumplimiento de medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y el riesgo comprobado de fuga. La decisión se tomó luego de que la Policía Federal encontrara en el celular del ex mandatario un documento de 33 páginas solicitando asilo político al gobierno argentino de Javier Milei.
El texto, sin fecha ni firma, estaba dirigido al presidente argentino y habría sido redactado en 2024, cuando comenzaron las diligencias judiciales contra Bolsonaro por su presunta participación en una conspiración golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Las autoridades brasileñas sostienen que el documento demuestra la intención de evadir la justicia y huir hacia Argentina.
Además, se investiga si el archivo fue elaborado por la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente. En el mismo dispositivo se detectó también el reiterado incumplimiento de la prohibición de uso de redes sociales, otra de las medidas cautelares impuestas.
La investigación involucra también a Eduardo Bolsonaro, otro hijo del ex mandatario, acusado de coaccionar al Supremo Tribunal en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Según la policía, ambos habrían instigado a Donald Trump a tomar represalias contra Brasil, incluyendo la imposición de un arancel del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra jueces del Supremo.
Jair Bolsonaro enfrenta un juicio penal por liderar una tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, con una posible condena de hasta 40 años de prisión. El proceso comenzará el próximo 2 de septiembre y representa uno de los mayores desafíos judiciales para el ex presidente desde su salida del poder.
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