El legislador Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, faltó a una reunión y demoró por lo menos 20 días el tratamiento.
“Cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor", expresan.
20:14 | Domingo 07 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La conformación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado sufrió un nuevo retraso en el Congreso. El pasado 4 de septiembre, durante la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen debido a la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La falta de convocatoria a un plenario conjunto demorará al menos 20 días más el inicio de un trabajo considerado fundamental para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para las familias de las víctimas.
En una carta enviada al diputado Mayoraz, los familiares afectados por la tragedia reclamaron celeridad y compromiso institucional. Señalaron que la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (Pro), había manifestado su intención de coordinar con Mayoraz un plenario conjunto de ambas comisiones para poder avanzar con el dictamen.
Sin embargo, esa convocatoria nunca llegó y la reunión del 4 de septiembre se limitó únicamente a la comisión presidida por Lospennato, lo que imposibilitó dar el paso necesario para llevar la iniciativa al recinto. Los familiares advirtieron que cada día de demora significa mayor incertidumbre y dolor, y alertaron que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el recambio legislativo.
El trasfondo de esta disputa parlamentaria es una de las crisis sanitarias más graves que ha enfrentado la Argentina en los últimos años. Desde la distribución de miles de ampollas de fentanilo clínico contaminado, producidas en diciembre de 2024 por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, el país acumula una cifra de víctimas que no deja de crecer.
La carta al diputado MayorazLa carta al diputado Mayoraz
A mediados de mayo se habían confirmado 14 muertes y medio centenar de personas infectadas. Apenas dos semanas después, el número de fallecidos ascendía a 34 y los casos de infección superaban los 60. En agosto, la Justicia reconocía al menos 87 muertes confirmadas, con otros casos bajo investigación, y hoy las estimaciones se acercan al centenar de víctimas fatales.
Las ampollas contaminadas contenían bacterias multirresistentes que afectaron a pacientes en hospitales de todo el país, entre ellos el Italiano de La Plata, uno de los primeros en detectar la gravedad del brote. De las más de 300.000 ampollas producidas, cerca de 45.000 habrían sido aplicadas antes de que se dispusiera el retiro masivo del mercado. El avance de la causa judicial derivó en agosto en la detención de diez personas, entre ellas el empresario Ariel García Furfaro y directivos de los laboratorios involucrados, además de la inhibición de bienes y prohibiciones de salida del país.
En este contexto, la creación de una comisión investigadora en el Congreso se presenta como un paso imprescindible para esclarecer lo ocurrido y delinear mecanismos de control que eviten nuevas tragedias. Sin embargo, la parálisis legislativa amenaza con demorar una respuesta que las familias consideran urgente. “Cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”, advirtieron en su misiva a Mayoraz, a quien instan a convocar la próxima semana al plenario conjunto para destrabar el camino hacia la conformación de la comisión.
Alejandro Ayala, hermano del fallecido Leonel Ayala, víctima del consumo de fentanilo, posa durante una manifestación este jueves, frente al Hospital Italiano de La Plata.Alejandro Ayala, hermano del fallecido Leonel Ayala, víctima del consumo de fentanilo, posa durante una manifestación este jueves, frente al Hospital Italiano de La Plata.
El caso del fentanilo adulterado, que ya se cobró casi un centenar de vidas, no solo expone fallas en la cadena de producción y control de medicamentos, sino también la fragilidad del sistema institucional para responder con rapidez frente a una emergencia sanitaria de esta magnitud. La presión de los familiares busca evitar que la tragedia quede atrapada en la inercia política y que se garantice, finalmente, verdad y justicia.
Un trágico escándalo de salud sacude a Argentina tras el fallecimiento de al menos 96 personas, víctimas de la aplicación de un lote de fentanilo contaminado. La investigación judicial, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a una grave negligencia en la producción y distribución de este analgésico de uso clínico. La tragedia ha puesto de manifiesto la falta de trazabilidad en la cadena de suministro de medicamentos de alto riesgo.
El caso de Leonel Ayala y la lucha de las familias
Entre las víctimas se encuentra Leonel Ayala, un licenciado en educación musical de 32 años. Su hermano, David, relata que Leonel fue internado por un cálculo abdominal y, tras una complicación que le causó una pancreatitis, fue tratado con fentanilo en el Hospital Italiano de La Plata. Su estado de salud mejoró, pero su recuperación se detuvo abruptamente. "Dejó de funcionarle algunos órganos" y una infección bacteriana que los médicos no podían controlar lo llevó a la muerte el 8 de abril, tan solo unos días después de iniciar el tratamiento. Su fallecimiento, junto con el de otras ocho personas en el mismo hospital, fue lo que disparó la alerta y las investigaciones.
Leonel Ayala tenía 32 años y era licenciado en Educación y músico. Es otra de las víctimas del escándalo del fentanilo.Leonel Ayala tenía 32 años y era licenciado en Educación y músico. Es otra de las víctimas del escándalo del fentanilo.
Los familiares de las víctimas han creado el grupo de WhatsApp "Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal" para buscar justicia y orientación. Sandra Altamirano, cuyo hijo Daniel Sebastián Oviedo murió por el mismo motivo, exige respuestas. "Lo que queremos es Justicia, no solo con los laboratorios sino con toda la cadena de producción, porque no entendemos cómo pudo haber pasado una cosa así a esta escala sin ningún tipo de control", afirmó.
Actualmente, la investigación está en etapa indagatoria con más de 24 personas bajo investigación. Los familiares llevaron su reclamo al Congreso de la Nación, exigiendo protocolos de trazabilidad que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
