El Gobierno todavía trabaja en la redacción de la reforma laboral, pero ya sabe dónde golpear primero en el Congreso. Mientras tanto, el tira y afloje con la CGT y los puntos que podrían desatar una batalla con los sindicatos.
11:17 | Domingo 30 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La reforma laboral será una de las grandes batallas que el Gobierno llevará al Congreso a partir del 10 de diciembre en las sesiones extraordinarias. El texto final aún no se conoce y se encuentra en plena negociación con las cámaras empresariales y la CGT. Sin embargo, en Casa Rosada tienen claro cuáles son las prioridades, qué puntos desatarán conflicto con los sindicatos y qué peleas conviene dejar para el futuro. Convenios colectivos de trabajo, vacaciones, indemnizaciones, algunos de los puntos en discusión.
La tarea del Consejo de Mayo y la determinación de la Casa Rosada
El texto de la reforma laboral es uno de los diez puntos en los que trabaja el Consejo de Mayo, el órgano consultivo que ideó el Gobierno con representantes del Congreso, las provincias, las empresas y los sindicatos para instrumentar las consignas acordadas entre el presidente Javier Milei y una buena mayoría de los gobernadores en el Pacto de Mayo.
Su contenido se conocerá a través del documento final que se dará a conocer el próximo 9 de diciembre y que el Ejecutivo podrá usar como insumo para redactar proyectos de ley y llevarlos al Parlamento.
Sin embargo, más allá de las opiniones diversas que pueda contener el Consejo, la determinación final la tomará el Gobierno. “Vamos a priorizar nuestra visión de cuáles son las condiciones para generar mayor formalización laboral y mayor empleo privado”, aclaró a MDZ un alto funcionario con diálogo frecuente con Javier Milei, y agregó: “Conceptualmente, no estamos dispuestos a negociar nada”. Por supuesto, el diablo está en los detalles.
La última reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada.
La última reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada.
Presidencia
Los 9 títulos de la reforma laboral
Según pudo saber este diario, la letra chica del texto laboral del oficialismo todavía está bajo análisis, pero ya circulan varios borradores y el Ejecutivo dio a conocer los títulos de los apartados centrales del eventual proyecto.
En total son 9 y se proponen abordar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo; la prelación de los convenios; las cargas fiscales; los denominados “peajes” -porcentajes que retienen sindicatos y cámaras empresarias para su financiamiento-; los derechos colectivos; los derechos de trabajo individual; los trabajadores autónomos; la democracia sindical; y derogaciones varias.
La discusión laboral es amplísima y pasa por temas que van desde el cálculo de las indemnizaciones, la asignación de vacaciones y las licencias por maternidad hasta el financiamiento de los sindicatos. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que hay temas que son prioritarios y otros que debido a su grado de conflictividad serán dejados para futuras discusiones.
Las prioridades del Gobierno: los convenios colectivos
En ese sentido, uno de los primeros objetivos que se plantearon los equipos de la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero y del Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger fue ir por la derogación de la ultraactividad.
De acuerdo a la ley actual, los convenios colectivos de trabajo (CCT) que suscriben empleadores y sindicatos o federaciones de trabajadores sólo pueden reconocer mayores derechos que la ley de contrato de trabajo, que opera como piso. Además -y aquí está la clave- dispone que un convenio mantiene su vigencia hasta no ser reemplazado por otro nuevo de común acuerdo. Es decir, una vez vencido un convenio, se prorroga automáticamente.
En ese marco, el Gobierno apunta a barrer la prórroga automática, lo cual obligaría al sindicato a renegociar con la patronal un nuevo convenio una vez vencido el plazo acordado. Para el oficialismo, el sistema actual desalienta a modernizar los convenios actuales, algunos de los cuales tildan de anticuados y obsoletos.
Los convenios colectivos de trabajo, uno de los focos de discusión que plantea el Gobierno en su reforma laboral.
Los convenios colectivos de trabajo, uno de los focos de discusión que plantea el Gobierno en su reforma laboral.
NA/Jose Scalzo
Atomizar las negociaciones
En paralelo, la reforma también avanzará contra la prelación de los convenios colectivos, que actualmente determinan un principio de negociación por sector o rama de actividad para todos los trabajadores del territorio nacional.
El Gobierno busca romper con ese modelo y atomizarlo: que cada empresa negocie con sus trabajadores su propio convenio, haciendo que este rija por encima de otro negociado en un ámbito mayor. Sin embargo, frente a la resistencia que esto generó por parte de algunos empresarios que temen tener que negociar mano a mano con sindicatos de izquierda más combativos, existe una propuesta para establecer convenios y escalas salariales por región.
Esto permitiría a provincias más productivas negociar actualizaciones salariales mientras que en otros distritos se mantendrían igual, alegando costos de vida más bajos. El Gobierno apuesta a que esto permitiría a las empresas formalizar el empleo de los trabajadores que actualmente contratan en negro por no poder afrontar los convenios vigentes. Desde el sindicalismo advierten una descentralización de las negociaciones y un debilitamiento de los gremios.
El debate por las indemnizaciones
En cuanto a las indemnizaciones, el Consejo de Mayo enfrenta diversas posturas. Por un lado, el sector representado por la Unión Industrial Argentina planteó la posibilidad de poner topes a las indemnizaciones. Otras voces sugirieron un sistema de capitalización individual en el que las empresas realizan aportes periódicos a un fondo de ahorro para cada empleado en lugar de una indemnización única por despido.
Para un sector del Gobierno, el sistema actual de indemnización de un sueldo por cada mes trabajado no es especialmente un problema, sobre todo en un presente donde los trabajadores permanecen cada vez menos tiempo en una misma empresa. En cambio, el nudo central se encuentra en el cálculo de los intereses de la indemnización que corren mientras un juicio laboral se lleva a cabo.
La ley de Empleo actual no deja en claro qué índice se debe aplicar para evitar la licuación de la indemnización del trabajador en contextos de alta inflación. Por eso, los jueces de la Justicia laboral recurren a criterios diversos -algunos usan IPC, otros RIPTE, etc- e impiden tener previsibilidad. “Las empresas no saben si la indemnización va a costar un millón o veinte. Piden certidumbre”, explicó a este medio un funcionario con mucho diálogo con las cámaras empresarias.
En ese contexto, la reforma podría volver a traer sobre la mesa el cálculo de inflación más un 3% que proponía el capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por una cautelar de los sindicatos.
Jorge Sola (del sector de Seguros), Cristian Jerónimo (del sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (de Camioneros), el nuevo triunvirato de la CGT.
Jorge Sola (del sector de Seguros), Cristian Jerónimo (del sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (de Camioneros), el nuevo triunvirato de la CGT.
NA
La relación con la CGT: se necesitan dos para bailar
“Indudablemente están en juego los derechos individuales y los derechos colectivos. Hablar de una reforma laboral con una situación como la que se da en Argentina y donde se quitan derechos me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista, va a aceptar", sentenció el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en diálogo con MDZ tras finalizar el último encuentro del Consejo de Mayo.
Esa posición combativa de los sindicatos es relativizada en Casa Rosada por quienes creen que el discurso combativo forma parte del papel que deben interpretar las cúpulas sindicales, que en el fondo comparten un objetivo común con el Gobierno.
“Este gobierno y el sindicalismo tienen los mismos intereses, que haya más empleo y más trabajadores registrados”, subrayó a este medio un funcionario del Ejecutivo que mantiene un buen diálogo con la central obrera. En ese sentido, la misma fuente no descartó posibles medidas de fuerza como respuesta a la reforma, pero evitó cuestionamientos: “Alguna cosita puede ser que hagan, está perfecto. Todo marcha acorde al plan”.
En ese contexto, en el Ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger, enemigo declarado de los gremios desde el día uno de la gestión libertaria, consideran que la prioridad de los sindicatos es “que no les rompan la caja”, en alusión a las diferentes vías de financiamiento que tienen los sindicatos.
Por eso, ante las amenazas del Gobierno de avanzar sobre esos puntos, aceptan negociar concesiones a la espera de poder empantanar reformas más profundas con la expectativa de que el oficialismo vaya perdiendo su capital político.
En ese contexto, en la Casa Rosada conviven posiciones más radicales como las de Sturzenegger, que apuesta a poner todo el arsenal sobre la mesa, con otras más dialoguistas como las del asesor Santiago Caputo que promueve ceder en algunos puntos para garantizar la paz social de la que el Gobierno de Javier Milei ha gozado hasta el momento. “A nosotros no nos han hecho 13 paros generales”, bromea un funcionario que reconoce los beneficios de ese estilo de negociación.
Gerardo Martínez, de la Uocra, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo.
Gerardo Martínez, de la Uocra, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo.
Archivo
Los puntos de tensión y los cables rojos de los gremios
Es por eso que para esta próxima reforma quedó completamente descartada la posibilidad de ir contra las obras sociales sindicales, una de las principales fuentes de fondos que manejan los gremios y un cable rojo que la administración libertaria aún no está dispuesto a cortar.
Sin embargo, hay otros puntos donde el Gobierno sí está dispuesto a tensionar con los gremios y que aparecen como nubes de conflicto en el horizonte. Uno de ellos son las denominadas cuotas solidarias de los sindicatos.
Se trata de aportes que se descuentan automáticamente del recibo de sueldo de los trabajadores que no están afiliados al gremio con el argumento de que estos también se benefician del convenio colectivo de trabajo, el cierre de paritarias y las negociaciones por condiciones laborales que hacen los sindicatos.
Según cuenta Ricardo Carpena en Infobae, esta cláusula se generalizó en los años 90 como una forma de compensar la caída de afiliados en las arcas de los sindicatos producto de las políticas económicas del menemismo. Así, empresarios y sindicalistas comenzaron a pactar de manera unilateral el aporte de los no afiliados, que se convirtió en una millonaria herramienta de recaudación para los gremios.
La limitación de las cuotas solidarias ya había sido incluida en el capítulo laboral del DNU 70, donde se habilitaba ese pago a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Ese punto fue uno de los principales focos del rechazo de la CGT, que impulsó su impugnación en la Justicia.
El Gobierno volvió a traer ese punto en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero fue eliminado del texto por la presión sindical para conseguir el consenso necesario para su sanción.
En este nuevo round, el Gobierno ve con buenos ojos la posibilidad de volver a plantear la voluntariedad de la cuota solidaria.
Lo mismo se evalúa en el caso de las cuotas que cobran las cámaras empresarias a las empresas de su sector. El Gobierno ya había eliminado esas cargas obligatorias a través del decreto 149/25, pero las cámaras metieron una cautelar y lo frenaron, episodio que motivó un fuerte cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, en el Council of the Americas de agosto.
En paralelo, otra medida que podría poner en pie de guerra a los sindicatos es el capítulo de democracia sindical, también abandonado en la Ley Bases ante el rechazo de la CGT. El proyecto, que fue una de las promesas de Javier Milei en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, podría incluir la obligación de presentar declaraciones juradas a los dirigentes sindicales, limitar los mandatos de los gremios y establecer topes a las reelecciones.
Vacaciones, banco de horas y más
La reforma del Gobierno también planea introducir cambios relacionados a las vacaciones para los trabajadores en relación de dependencia, como modificaciones en los períodos, la organización y la remuneración del descanso anual.
Por un lado, establece que el período de vacaciones deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, salvo que empleador y trabajador acuerden un plazo diferente. Además, el proyecto habilita la posibilidad de fraccionar los días de descanso en períodos no inferiores a una semana, algo que debe ser acordado entre el empleador y el trabajador. Además, para aquellas empresas que organizan el descanso anual en distintas fechas para el personal, cada trabajador deberá poder acceder a sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano, entre otros puntos.
A su vez, la reforma busca que las convenciones colectivas puedan pactar sistemas relativos a horas extras, banco de horas o francos compensatorios. Esta posibilidad debe enmarcarse dentro del respeto estricto a las doce horas mínimas de descanso entre jornadas laborales y a los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad.
En ese sentido, el texto habilitaría el uso del banco de horas, disponiendo que se compense el exceso de trabajo de algunos días con una menor carga en otros, siempre sin superar el límite semanal legal vigente o el que corresponda según el régimen laboral específico.
