El Juzgado de Instrucción N.º 2 de Chilecito procesó y dictó prisión preventiva contra Antonio G. A. por tentativa de homicidio, amenazas y daños, tras un incidente ocurrido en un taller mecánico de la ciudad.
22:10 | Viernes 12 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Chilecito, dictó el procesamiento y prisión preventiva contra Antonio G. A. por los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, amenazas simples y daños, todos en concurso real. La resolución fue tomada por el juez transitorio Dr. Jorge Elías Jalil, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, tras una denuncia presentada por un vecino de la ciudad.
Los hechos investigados ocurrieron el 27 de febrero de 2023, cuando el imputado se presentó en un taller mecánico de la ciudad de Chilecito portando un hacha. Según consta en la causa, Antonio G. A. amenazó de muerte al denunciante, realizando movimientos con el hacha dirigidos a su cabeza y parte superior del cuerpo. La víctima logró evitar el impacto mediante una maniobra defensiva, evitando así el ataque.
Tras el intento de homicidio, el imputado provocó daños materiales significativos tanto en el interior del taller como en un vehículo propiedad del denunciante, que se encontraba estacionado en la vía pública. Estos hechos fueron corroborados a través de declaraciones testimoniales, actas de inspección ocular, registros fotográficos y material audiovisual aportado a la investigación.
Durante la instrucción, el imputado se abstuvo de declarar, ejerciendo su derecho constitucional. No obstante, la valoración de las pruebas reunidas permitió al juez considerar acreditados los hechos y la participación del imputado en calidad de autor de los delitos.
Además, se dispuso el embargo de los bienes de Antonio G. A. por un monto de 5 millones de pesos, con el fin de garantizar posibles penas pecuniarias y las costas del proceso. La resolución también incluyó la notificación a la persona denunciante, conforme lo establece la Ley Provincial N.º 10.185 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, y la comunicación de la medida al Registro Nacional de Reincidencia.
