Las sentencias abarcan homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles, en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción
18:37 | Domingo 21 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Doscientos cuarenta y ocho integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) han sido condenados a penas de prisión que alcanzan hasta 1.335 años, tras ser hallados culpables de una serie de delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad, en El Salvador.
Las sentencias abarcan homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios agravados, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles, en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta acción judicial representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en el país centroamericano.
La Fiscalía General de El Salvador señaló en redes sociales que los 248 pandilleros, en su mayoría pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y a otras facciones asociadas, fueron responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, tres feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones en homicidio, 32 procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito y cinco ocupaciones ilegales de inmuebles, además de otros delitos vinculados a agrupaciones ilícitas.
Las sentencias abarcan homicidios agravados,
Las sentencias abarcan homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles, en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 (Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador vía AP)
Entre los crímenes que marcaron el proceso judicial destacan la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo en diciembre de 2021, así como el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados en octubre del mismo año. También figura el asesinato de un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) en marzo de 2019 y la desaparición y homicidio de un estudiante de un instituto nacional en abril de 2020.
Las investigaciones demostraron que los pandilleros establecieron bases en distintos sectores de La Libertad para planificar y ejecutar extorsiones a comerciantes locales, exigiendo sumas de dinero bajo amenazas de muerte.
Esta presión obligó a varios negocios a cerrar sus puertas por temor a represalias. Además, las estructuras criminales participaron en el tráfico de drogas y en la ocupación ilegal de inmuebles, extendiendo su influencia y generando un clima de inseguridad en la comunidad.
Las facciones implicadas en estos delitos incluyen, además de la Teclas Locos Salvatruchos (TLS), a las clicas Ayagualos Locos Salvatruchos, Areneras Locos Salvatruchos, City Vagos Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos, entre otras. Todas ellas operaban en el departamento de La Libertad, consolidando su presencia y control territorial a través de la violencia y la intimidación.
Las investigaciones demostraron que los
Las investigaciones demostraron que los pandilleros establecieron bases en distintos sectores de La Libertad para planificar y ejecutar extorsiones a comerciantes locales, exigiendo sumas de dinero bajo amenazas de muerte (AP Foto/Alex Brandon)
El contexto de estas condenas se inscribe en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño, que desde marzo de 2022 mantiene un régimen de excepción para combatir a las pandillas.
Esta medida permite arrestos sin orden judicial y ha resultado en la detención masiva de miembros de estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas bajo este régimen, aunque unas 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.
La implantación de bases criminales en diversos sectores de La Libertad permitió a estas pandillas planificar asesinatos, extorsionar a comerciantes y expandir el tráfico de drogas, generando un ambiente de temor que obligó a varios habitantes a cerrar sus negocios y modificar su vida cotidiana ante la amenaza constante de represalias.
