Un bombero confesó abusos sexuales a aspirantes y la Justicia le dio domiciliaria porque tiene depresión

08:48 | Viernes 16 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Rodrigo Santi, conocido como “Loli”, fue durante años instructor de bomberos en La Playosa, un pequeño pueblo del interior de Córdoba. Daba clases a aspirantes y era considerado un referente dentro del cuartel. Nadie imaginó cómo terminaría su historia. Hoy está acusado de múltiples hechos de abuso sexual, confesó los delitos y espera un juicio abreviado beneficiado con prisión domiciliaria, tras alegar un cuadro depresivo.

El primer hecho denunciado formalmente ante la Justicia ocurrió el 30 de marzo de 2024. Santi, que hoy tiene 32 años, se encontró con un adolescente de 16 alrededor de las 4.30 de la madrugada y lo invitó a su casa. Allí charlaron un rato, le preparó un trago y comenzó a hablarle de temas sexuales.

Según relató a TN el abogado querellante, José Corigliano, “le tocó la pierna, lo acarició y le preguntó si le gustaba lo que estaba pasando, antes de ofrecerle masturbarlo”. El adolescente salió corriendo del lugar y nunca volvió al cuartel.

El episodio permaneció oculto durante meses y recién salió a la luz en octubre, cuando la mamá de la víctima accedió a una conversación de WhatsApp Web en la que Santi admitía que “se había zarpado” y le pedía disculpas a su hijo por lo ocurrido tiempo atrás.

Un modus operandi que se repetía

Esa denuncia permitió avanzar en la investigación de otros casos y reconstruir un patrón de abuso sistemático. De acuerdo con la querella, en la mayoría de los hechos el modus operandi era similar: charlas grupales, campamentos y prácticas sexuales dentro del cuartel.

Según los testimonios incorporados al expediente, se promovían masturbaciones grupales como una forma de “juego” o competencia, lo que generaba un clima de confianza entre los chicos. Luego, durante la madrugada, Santi les enviaba mensajes y los invitaba a su casa con excusas similares.

En el pueblo, según la querella, los abusos eran un secreto a voces, pero nadie se animaba a denunciar hasta que una mamá decidió hacerlo. De los testimonios surge que los primeros hechos ocurrieron entre 2013 y 2014, aunque esos casos prescribieron.

El padre y el hermano de Santi ocupaban cargos de responsabilidad dentro del cuartel y su madre integraba la comisión directiva, lo que habría contribuido a un entramado de silencios que permitió que los abusos se ocultaran durante años, de acuerdo a lo que reveló Corigliano.

Santi está imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. En un primer momento negó los hechos, pero el 20 de noviembre de 2024 confesó durante la instrucción. Pocos días después quedó alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº5 de Villa María.

Una prisión domiciliaria bajo la lupa

En octubre de 2025, cuando el requerimiento de elevación a juicio estaba prácticamente listo, la defensa de Santi cambió de abogado y designó a un exfuncionario judicial de la Fiscalía de Juliana Companys, que había intervenido en la instrucción del expediente.

El 19 de diciembre de 2025, ese exfuncionario judicial renunció a la defensa. Ese mismo día, la nueva abogada del imputado solicitó la prisión domiciliaria, una medida que fue concedida el 22 de diciembre de 2025 y generó una fuerte indignación.

La decisión se basó fundamentalmente en un informe psicológico privado que advierte “un trastorno depresivo mayor con ideación suicida” y señala que la permanencia en prisión “podría implicar un riesgo grave para su salud psíquica”.

Corigliano sostiene que “podrían aparecer más víctimas” y remarca que Santi abusó de la confianza y del poder que tenía sobre los adolescentes durante años. La pena mínima que podría recibir es de 8 años de prisión, mientras que la máxima podría alcanzar los 20 años.