Venezuela cambia la ley de hidrocarburos y abre el petróleo tras la caída de Maduro

El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que introduce cambios sustantivos en el esquema de control estatal del sector petrolero, vigente desde hace más de veinte años. La decisión apunta a flexibilizar el marco regulatorio de la principal industria del país y abrirla, de manera controlada, a la inversión privada y extranjera, en un contexto de colapso productivo y crisis económica prolongada.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al cerrar la sesión. “Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, agregó, en un discurso que buscó inscribir la reforma como un punto de inflexión tras años de deterioro del sector.

La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial. Entre los cambios centrales se destacan la flexibilización de las reglas de participación privada en proyectos petroleros, la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en disputas de inversión y un nuevo esquema de regalías que habilita pagos más directos al Estado venezolano. Según el texto aprobado, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.

Reforma petrolera y contexto político

El debate legislativo se produjo pocas semanas después de la captura del dictador narco Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en Caracas, un hecho que reconfiguró el tablero político y aceleró definiciones estratégicas en sectores clave. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos manifestó su intención de impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana y garantizar que los ingresos derivados de las exportaciones se canalicen en beneficio de la población.

En esa línea, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a proteger esos recursos frente a eventuales reclamos judiciales de acreedores internacionales. Para el régimen encabezado por Rodríguez, la reforma busca recomponer la confianza de capitales que abandonaron el país tras los cambios legales impulsados durante el mandato de Hugo Chávez.

“Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, sostuvo Delcy Rodríguez, al defender el nuevo marco normativo. Al mismo tiempo, remarcó que los yacimientos petroleros seguirán bajo control estatal: “Será respetuosa de la soberanía nacional”, insistió.

El texto aprobado intenta revertir el impacto de políticas que otorgaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el control mayoritario de los proyectos y redujeron la autonomía de los socios privados. En 2006, una reforma promovida por Chávez sustituyó los convenios operativos por empresas mixtas con mayoría estatal, lo que derivó en la salida de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips, que luego recurrieron a tribunales internacionales. Otras firmas, como Chevron, optaron por permanecer en el país bajo condiciones contractuales más restrictivas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, valoró el alcance de la reforma durante una exposición ante el Congreso. “Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que, básicamente, elimina muchas de las restricciones de la era de Chávez a la inversión privada en la industria petrolera”, afirmó. No obstante, advirtió que “probablemente no sea suficiente para atraer la inversión necesaria, pero supone un gran avance”.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos—, pero su producción se desplomó en la última década por la falta de inversión, la mala gestión y la corrupción estructural del chavismo. La situación financiera de PDVSA, además, quedó comprometida por una elevada deuda externa y por la volatilidad de los precios del crudo.

Durante su mensaje de memoria y cuenta del pasado 15 de enero, y bajo la presión explícita de Washington, Delcy Rodríguez había anticipado la necesidad de abrir el sector a capitales internacionales para recuperar capacidad productiva y generar divisas. La aprobación de la reforma constituye el primer paso legislativo en esa dirección y redefine el marco jurídico de una industria clave para la reconstrucción económica de Venezuela, cuyo desempeño será determinante para el futuro inmediato del país.