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Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social: “El Gobierno reglamentó la ley de emergencia en discapacidad y debe ponerla en marcha en 30 días”

En diálogo con la Multiplataforma Fénix, el exdiputado nacional y autor de la norma se refirió a la reglamentación de la ley y explicó los pasos que restan para su implementación en todo el país.

Viernes 06 de Febrero de 2026

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12:06 | Viernes 06 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El exministro de Desarrollo Social y exdiputado nacional Daniel Arroyo confirmó que el Gobierno nacional reglamentó la ley de emergencia en discapacidad tras la intimación de la Justicia y destacó que ahora debe implementarse en el corto plazo. “Es una buena noticia. Después de tantas idas y vueltas, el Gobierno reglamentó la ley y ahora tiene que ponerla en marcha”, señaló.

El dirigente explicó que la normativa ya está vigente y que resta su aplicación efectiva. “En los próximos 30 días tiene que ponerla en marcha el Consejo Federal de Discapacidad. No hay margen para debatir, hay que implementarla”, afirmó.

Arroyo remarcó que la medida busca ordenar el sistema de prestaciones, que describió como colapsado. “Hoy el sistema está totalmente colapsado. La gente no accede a medicamentos, a traslados ni a terapias y muchas familias no saben si los chicos van a volver a las escuelas especiales”, indicó.

En ese marco, explicó que la ley establece la actualización del nomenclador de prestaciones y montos. “Ordena todo el sistema, mejora y actualiza el nomenclador para que las personas accedan a medicamentos, terapias y traslados y obliga a las obras sociales, prepagas y al Estado a cumplir”, sostuvo.

El exdiputado señaló que el impacto fiscal de la norma es bajo y que el financiamiento debe surgir de la reasignación de partidas presupuestarias. “El impacto es mínimo y el Gobierno tiene que compensar partidas, como hace con cualquier otra política pública”, expresó.

También se refirió a la situación de las pensiones por discapacidad y a las auditorías realizadas. “La ley plantea revisar irregularidades puntuales y no volver loco a todo el mundo. Hay que concentrarse en los casos donde hubo problemas, no en quienes tienen la discapacidad acreditada”, explicó.

Por último, indicó que en el plazo de un mes deberían comenzar a verse mejoras concretas. “En 30 días la persona tiene que estar accediendo a pensiones, prestaciones, terapias y medicamentos. Vamos a estar atentos a que se cumpla correctamente”, concluyó.

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