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La principal acusada es Patricia Gabriela Alcaraz, señalada por la muerte de Lorenzo Castro en Córdoba. La investigación también apunta a dos presuntos cómplices que habrían colaborado para encubrirla y ayudarla a mantenerse prófuga.
Martes 10 de Marzo de 2026
08:10 | Martes 10 de Marzo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Patricia Gabriela Alcaraz se presentaba como una jueza federal retirada ante sus víctimas y luego, como el caso del martillero público Lorenzo Castro, las asesinaba. Los investigadores creen que participó en tres ataques y fue detenida después del último, ocurrido en 2025 en Córdoba. Además de ella, hay dos presuntos cómplices que también irán a juicio.
La mujer está imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.
Castro, de 67 años, y Alcaraz, de 55, se habían conocido a mediados de 2024 en el casino de Río Cuarto. En ese momento, la mujer se presentó con otra identidad y aseguró ser una jueza federal retirada llamada Gabriela Mallo.
La relación avanzó durante algunos meses y, semanas después, la mujer conoció a Pablo y Gabriela, los hijos de Castro.
El 18 de febrero de 2025, el hombre murió calcinado en una habitación de su casa. La familia se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando uno de sus hijos, Pablo, fue hasta el lugar al recibir un mensaje de una vecina que le llamó la atención ver la camioneta de su padre estacionada con todo cerrado.

Al llegar, sintió olor a quemado que salía desde el interior de la casa. Así fue como encontró a su padre muerto.
En un primer momento pensaron que era una tragedia, pero las sospechas comenzaron a apuntar a Alcaraz. Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que ella había sido la última persona en entrar a la casa.
Durante las pericias también encontraron guantes con huellas dactilares de la mujer, lo que reforzó la hipótesis de la acusación. “Intentó no dejar rastros”, contó en diálogo con TN el abogado querellante, Alexis Alvaregna.
Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir su identidad, descubrieron que Alcaraz no era jueza y que utilizaba documentación falsa. También surgieron antecedentes de otros episodios similares.
Según la investigación, habría intentado matar en 2020 a un abogado en Perú, al que habría drogado para luego incendiar el departamento donde estaban. El hombre sobrevivió porque fue auxiliado a tiempo por su hermano. Ese año y medio que estuvo en ese país, “decía ser bioquímica y restauradora de obras de arte que vivía en España”, indicó Alvarenga.
Dos años después, el 5 de noviembre de 2022, se le atribuyó otro ataque en un departamento de la calle Arroyo, en el barrio porteño de Recoleta, donde un hombre -al que conoció por Facebook- murió luego de un incendio.
Ese caso llegó a juicio en 2023, pero Alcaraz estaba con prisión domiciliaria por una supuesta enfermedad y se fugó antes de escuchar el veredicto. Estuvo prófuga durante casi dos años hasta que fue detenida el 25 de febrero en un centro de estética de Río Cuarto.
En la investigación por el crimen de Castro, ocurrido en la localidad cordobesa de General Cabrera, también surgió el nombre de Claudio González, una persona de extrema confianza de la acusada.
Alvarenga explicó que el hombre está detenido y enfrenta una acusación por encubrimiento agravado por el hecho precedente, en concurso ideal con falso testimonio.
Para la querella, González habría tenido un rol clave después del caso de Recoleta. “El día que iba a recibir la condena por ese hecho, él la ayudó a fugarse. Le brindó una ubicación falsa y distintos datos para evitar que la encontraran”, detalló el abogado.
Además, el hombre conocía a Castro e incluso habría intentado vincularse con él para desarrollar negocios en el rubro inmobiliario.
En el expediente también aparece mencionado Facundo Martín, hijo de Alcaraz. La investigación estableció que no participó directamente en los ataques, pero habría tenido conocimiento de distintas maniobras vinculadas a las identidades falsas que utilizaba su madre.
Los investigadores sostienen que el joven sabía que ella no era quien decía ser y que intervino en gestiones relacionadas con las actividades laborales que la mujer fingía desempeñar. Parte de esas sospechas se apoyan en evidencia digital que será analizada durante el juicio.
La querella no tiene dudas de que el motivo del asesinato fue económico. Los investigadores detectaron un patrón: la mujer establecía vínculos con hombres con buen pasar económico y luego intentaba involucrarse en sus actividades o negocios.
En el caso de Castro, aseguran que Alcaraz y su entorno buscaban quedarse con el negocio inmobiliario de la víctima. “Era una persona muy calculadora”, sostuvo Alvarenga.
Alcaraz, González y Martín están detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Bower a la espera del debate oral. Todavía no hay fecha confirmada, pero se prevé que podría ser antes de fin de año. “Vamos a seguir apuntando a la pena máxima”, aseguró Alvarenga.
El pasado oscuro de la acusada

Dos presuntos cómplices bajo la lupa
El móvil del crimen
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