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El Tribunal Superior de Justicia inició actuaciones por el femicidio de Jesica y analiza demoras judiciales

El organismo adoptó medidas en el marco de un acuerdo de superintendencia para evaluar el accionar institucional y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de justicia.

Miércoles 18 de Marzo de 2026

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08:46 | Miércoles 18 de Marzo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja resolvió iniciar actuaciones preliminares de superintendencia a raíz del femicidio de Jesica Verónica Mercado, con el objetivo de relevar la intervención de los distintos organismos que actuaron en el caso.

En ese sentido, se solicitaron informes al Ministerio Público Fiscal, a la Policía de la Provincia de La Rioja, al Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores y al Juzgado de Ejecución Penal. La finalidad es analizar las actuaciones realizadas, especialmente en relación con las denuncias efectuadas por la víctima, y determinar si corresponde la adopción de medidas institucionales o disciplinarias.

Por otra parte, el Alto Cuerpo declaró la pérdida de competencia de una magistrada de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, al constatarse el vencimiento del plazo legal para dictar resolución luego de un pronto despacho. En consecuencia, se dispuso la remisión de la causa al subrogante legal y se solicitó a la magistrada un informe explicando los motivos de la demora.

Asimismo, el Tribunal resolvió dar tratamiento a una denuncia por presunta violencia laboral presentada por empleados judiciales contra una magistrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, disponiendo la apertura de las actuaciones correspondientes para su análisis.

Desde el organismo se remarcó que el respeto, la dignidad en el trato y las condiciones laborales adecuadas son principios fundamentales dentro de la Función Judicial, y se ratificó el compromiso con la protección de trabajadores y funcionarios ante posibles situaciones de violencia o maltrato.

Finalmente, se indicó que estas decisiones forman parte de una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, garantizar respuestas judiciales en tiempo oportuno y promover un ámbito laboral respetuoso dentro del sistema de justicia provincial.

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