Chilecito aprobó el narcotest obligatorio para sus funcionarios y concejales

08:48 | Viernes 03 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

... Si dan positivo, van a licencia obligatoria y no vuelven al cargo hasta presentar el alta médica. El concejal radical que la impulsó espera que se replique en toda la provincia.

El municipio Chilecito de La Rioja acaba de hacer lo que ningún cuerpo legislativo provincial se animó a hacer todavía: obligar por ordenanza a sus propios funcionarios y concejales a someterse a controles toxicológicos periódicos, aleatorios y a su propio costo. El Concejo Deliberante de Chilecito aprobó la norma por unanimidad, y su impulsor ya dijo en voz alta lo que muchos piensan: espera que esto se replique en otros distritos y, eventualmente, en la Legislatura provincial.

La iniciativa fue presentada por el concejal radical Nicolás Brizuela, atravesó un proceso de debate en comisiones que se extendió durante meses —en una primera instancia tuvo despacho en minoría, impulsado por bloques opositores— y finalmente fue acompañada por la totalidad del cuerpo deliberativo. Que una medida de este tipo consiga unanimidad en un concejo deliberante es, en sí mismo, una señal política.

Quiénes están alcanzados y cómo funciona el sistema

La ordenanza no se limita a los concejales. Alcanza a funcionarios de hasta el tercer nivel jerárquico del Departamento Ejecutivo Municipal, pero también a integrantes del Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de Faltas y la Fiscalía Municipal. Es decir: cubre prácticamente toda la estructura del Estado local de Chilecito.

Los exámenes toxicológicos se realizarán cada 90 días, de manera aleatoria. Nadie sabe con anticipación cuándo le toca. Y el costo no lo paga el municipio: lo abona cada funcionario de su propio bolsillo. Los análisis estarán basados en los parámetros utilizados por laboratorios locales e incluirán detección de sustancias como marihuana y cocaína. El procedimiento, aclaró Brizuela, respetará la normativa vigente sobre protección de datos personales.

«El objetivo es garantizar transparencia y credibilidad ante la sociedad. Quienes ocupamos funciones públicas debemos ser los primeros en dar el ejemplo», dijo el concejal en diálogo con Riojavirtual Radio.

Positivo no es sinónimo de despido: el componente sanitario

Uno de los aspectos más llamativos de la ordenanza es que no se limita al control punitivo. Brizuela fue explícito en aclarar que la norma no busca estigmatizar a personas con problemas de consumo sino que incorpora un enfoque de acompañamiento. Si un funcionario arroja resultado positivo, no pierde automáticamente el cargo: queda apartado de sus funciones, toma una licencia médica obligatoria y debe completar un tratamiento. Solo cuando presente un certificado médico que acredite su recuperación puede retomar su cargo.

«Se trata de un abordaje integral, que no solo apunta al control sino también al acompañamiento», explicó el edil. Es una distinción importante: la ordenanza reconoce que el consumo problemático de sustancias es una cuestión de salud pública, no solo una falta disciplinaria. Pero al mismo tiempo establece con claridad que un funcionario bajo los efectos de drogas no puede ejercer sus funciones.

Por qué esto importa más allá de Chilecito

El municipio de Chilecito es el segundo centro urbano más importante de La Rioja, con una historia política propia y una tradición de autonomía respecto a la capital provincial. Que su Concejo Deliberante apruebe esta ordenanza no es un hecho menor en el mapa político riojano. Y Brizuela fue directo al señalar sus aspiraciones: «Es un paso importante y esperamos que se replique en otros concejos deliberantes y en la Legislatura».

La pregunta que la ordenanza instala —¿deben los funcionarios públicos someterse a controles toxicológicos como condición para ejercer el cargo?— no tiene una respuesta simple, pero sí tiene un antecedente claro en otros ámbitos. Los conductores de transporte público, los controladores aéreos y los operadores de maquinaria pesada están sometidos a este tipo de controles de manera rutinaria, precisamente porque sus decisiones tienen consecuencias directas sobre terceros. El argumento de Brizuela es que un funcionario público también toma decisiones que afectan a miles de personas, y que la lógica debería ser la misma.

En un contexto nacional marcado por la desconfianza en las instituciones y la demanda ciudadana de mayor transparencia en la gestión pública, la experiencia de Chilecito llega en un momento en que la pregunta sobre los límites del control sobre quienes ejercen funciones del Estado está más vigente que nunca. Si el experimento funciona, difícilmente otros concejos deliberantes de La Rioja —y de otras provincias— puedan ignorarlo por mucho tiempo.