La Rioja frenó el camino a Vicuña y abrió un frente interprovincial con San Juan por la mina de cobre más prometedora del país

20:25 | Jueves 16 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...La compañía desvió la logística por territorio sanjuanino y aseguró que las operaciones continúan, pero el fallo instala una disputa ambiental, jurisdiccional y política de alcance nacional sobre el futuro de la minería en la cordillera.

A primera hora del jueves, efectivos de la Policía de La Rioja se presentaron en el camino de Guandacol y bloquearon el paso de vehículos vinculados al proyecto Vicuña, el mayor emprendimiento cuprífero de la Argentina y una de las inversiones privadas más ambiciosas anunciadas en el último ciclo minero regional. La orden se apoya en una medida cautelar firmada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, que dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al emprendimiento sobre la traza riojana, hasta que la operadora presente los estudios de impacto ambiental exigidos por la autoridad provincial.

La decisión judicial fue promovida por el propio Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Ambiente y de la Fiscalía de Estado, mediante una «medida autosatisfactiva» —una herramienta procesal que permite resolver sin audiencia previa cuando existe riesgo de daño ambiental inminente—. El fiscal de Estado provincial, Emilio Rodríguez, destacó la celeridad con la que se resolvió el pedido, mientras que el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, sostuvo que la empresa no había respondido a los sucesivos requerimientos administrativos realizados por el Ejecutivo riojano.

El reclamo ambiental y el reclamo político, en una sola presentación

La argumentación central del Ejecutivo provincial apunta a una asimetría que, según la administración de Ricardo Quintela, se ha vuelto estructural: el proyecto se encuentra físicamente en San Juan, pero su operatividad depende de 140 kilómetros de ruta provincial riojana que atraviesan incluso una reserva ambiental. El tránsito pesado, la generación de polvo y la presión sobre localidades como Guandacol y Villa Unión configuran, para La Rioja, un costo que hasta ahora no encontraba contrapartida.

«No puede ser que la empresa recorra 140 kilómetros por La Rioja, atraviese incluso una reserva provincial y que el único impacto para nuestras comunidades sea el polvo constante y las complicaciones que genera el tránsito», planteó Azulay. Detrás de la formulación ambiental se asoma una demanda de carácter económico: las comunidades de la región de Guandacol vienen reclamando prioridad en la contratación de proveedores y mano de obra local, un esquema del que ya gozan los departamentos sanjuaninos de Iglesia y Jáchal, donde el capital minero dejó una cadena de valor establecida.

En septiembre de 2025, vecinos de la comunidad de Guandacol habían cortado el camino en demanda de puestos de trabajo; la protesta se repitió en lo que va de 2026. La presentación judicial recoge y procesa institucionalmente ese malestar.

La defensa de la empresa y el bypass por territorio sanjuanino

Desde Vicuña confirmaron a medios de la provincia de San Juan que los efectivos que se presentaron el jueves en el camino —algunos de ellos vestidos de civil, según el reporte— fueron acatados, pero que la compañía aún no había recibido la notificación formal del fallo con el desarrollo jurídico que justifica la medida. Hasta el momento del cierre de esta nota, los fundamentos del pronunciamiento sólo circulaban por versiones periodísticas.

En paralelo, la firma aseguró que las operaciones continúan con normalidad, mediante un desvío del tránsito que permite sostener la actividad en el campamento. En el yacimiento se desarrollan tareas de preconstrucción —recientemente se incorporaron 60 operarios sanjuaninos— y avanzan las obras del denominado Acceso Norte, un trazado íntegramente en territorio de San Juan que, una vez terminado, permitirá independizar la logística minera de la red vial riojana. Hasta entonces, la empresa mantiene en paralelo el mantenimiento del camino que conectaba con Guandacol y la construcción del nuevo corredor.

La operadora había solicitado, de hecho, la Declaración de Impacto Ambiental ante la autoridad riojana por las obras de mejora que ejecutó en el camino a la mina. Ese trámite, en suspenso, es parte del expediente que ahora la Justicia manda a completar. En San Juan, el estudio fue aprobado por primera vez en 2022 y renovado el 19 de marzo último, con revisión de las autoridades mineras provinciales y de institutos técnicos nacionales.

Vicuña: un activo multigeneracional y una pulseada geopolítica

La magnitud del proyecto explica por qué un fallo dictado en Chilecito se convierte, de inmediato, en un asunto de escala nacional. El Distrito Vicuña integra los desarrollos de Filo del Sol y Josemaría, con inversiones previstas que superan los 7.000 millones de dólares y planes para iniciar la construcción en 2027. El emprendimiento —binacional, con desarrollos complementarios en Chile— apunta a convertirse en una de las cinco principales minas de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de operación.

En su período de producción máxima decenal, Vicuña prevé superar las 500.000 toneladas de cobre anuales, con picos de 800.000 toneladas de cobre equivalente. La vida útil inicial estimada supera los 70 años, con una producción total proyectada de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata. En la jerga de la industria, se trata de un «activo multigeneracional»: el tipo de emprendimiento que, una vez en marcha, redefine la matriz exportadora de un país.

La dimensión federal del conflicto

El fallo de la jueza Decker instala, en los hechos, una pulseada de alcance federal. Por un lado, el Gobierno de San Juan —con su ministro de Minería a la cabeza— considera que el proyecto fue evaluado, aprobado y renovado por la autoridad provincial competente y por institutos técnicos nacionales, y que el tránsito por territorio riojano constituye una cuestión de infraestructura pública, no de impacto sustantivo sobre el yacimiento. Por el otro, el Gobierno de La Rioja reivindica su potestad ambiental sobre la traza de 140 kilómetros y la facultad de exigir evaluaciones propias, más allá de lo que decidan las autoridades sanjuaninas.

La controversia se inscribe, además, en un contexto político más amplio. La administración de Javier Milei viene impulsando el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como plataforma para atraer capital minero, y el proyecto Vicuña figura en la lista de emprendimientos estratégicos asociados a ese marco normativo. Cualquier incertidumbre logística o jurídica en torno a la operación es leída con preocupación por el sector y por la Casa Rosada, que necesita señales de previsibilidad para consolidar el flujo de inversiones extranjeras directas.

Al mismo tiempo, la medida refuerza la posición del gobernador Ricardo Quintela en un año en el que su administración viene reclamando un trato federal más equitativo en la distribución de cargas y beneficios del modelo extractivo. La Rioja, que ya enfrenta conflictos abiertos con el capital minero en Famatina y una tensa relación con la administración nacional por coparticipación y transferencias discrecionales, suma ahora un frente donde disputa poder de policía ambiental sobre un proyecto instalado en otra jurisdicción pero con externalidades sobre su propio territorio.

El plazo y lo que viene

El fallo establece 30 días para que la operadora presente los estudios ambientales requeridos. Si la empresa cumple, la cautelar podría ser levantada; de lo contrario, el conflicto está en condiciones de escalar a instancias judiciales superiores, con la eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una disputa de competencia interprovincial. Mientras tanto, el camino de Guandacol permanece bajo custodia policial y la logística de Vicuña opera en un estrecho cuello de botella legal y geográfico.

La construcción del Acceso Norte, íntegramente en territorio sanjuanino, aparece ahora no sólo como una obra de ingeniería, sino como la salida estratégica para que el proyecto cuprífero más importante del país deje de depender de una ruta provincial que, en sólo 24 horas, se convirtió en el epicentro de una disputa federal con implicancias ambientales, políticas y económicas de primer orden.