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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma al Código Contravencional que endurece las sanciones contra los denominados “trapitos” y limpiavidrios.
Sábado 20 de Junio de 2026
10:02 | Sábado 20 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, obtuvo 36 votos afirmativos y establece detenciones efectivas, multas que superan el millón de pesos y sanciones para organizaciones e instituciones vinculadas a estas actividades.
La nueva normativa, identificada como Ley 6961, busca reforzar el control sobre la ocupación ilegal del espacio público y ampliar las herramientas de actuación de la Policía de la Ciudad frente a situaciones de extorsión, intimidación o cobro indebido por estacionar vehículos o circular en determinadas zonas.
Tras la aprobación, Jorge Macri celebró la medida y ratificó su postura frente a la problemática. “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”, sostuvo.
Desde el gobierno porteño señalaron que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones relacionadas con la actividad de trapitos, una cifra que consideraron insuficiente para desalentar el fenómeno mediante las sanciones vigentes hasta ahora.
La ley establece distintos niveles de penalización según la gravedad de la conducta y el grado de organización de quienes participen de la actividad.
En el caso de los trapitos que operen en eventos masivos y formen parte de una organización o estructura previamente coordinada, las penas irán de 20 a 50 días de detención. Para quienes realicen tareas de cuidado ilegal de vehículos en la vía pública, las sanciones contemplan arrestos de entre 10 y 30 días.
Además, quienes sean identificados como organizadores, promotores o responsables de estas actividades podrán recibir penas de hasta 60 días de arresto.
La normativa también prevé un agravamiento de las sanciones cuando existan situaciones de violencia, intimidación, amenazas o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Multas superiores al millón de pesos
La reforma endurece significativamente las sanciones económicas. Las multas, que anteriormente oscilaban entre los 50.000 y los 285.000 pesos, pasarán a partir de ahora a un mínimo de 1.139.988 pesos y podrán alcanzar montos considerablemente mayores, equivalentes a entre 1.200 y 7.000 unidades fijas.
También se incrementan las penas de trabajo comunitario, que pasarán de un mínimo de dos jornadas a períodos de entre 20 y 45 días.
Uno de los puntos que generó mayor debate durante el tratamiento legislativo establece que quienes participen de manera organizada en estas actividades durante eventos masivos podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios y beneficios otorgados por el Gobierno de la Ciudad.
La nueva legislación amplía el alcance de los operativos de prevención y control. La prohibición ya no se limitará a espectáculos deportivos o artísticos, sino que abarcará cualquier evento masivo realizado en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, los controles podrán realizarse en un radio de hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se desarrolle la actividad. Los operativos comenzarán seis horas antes del inicio del evento y se extenderán hasta tres horas después de su finalización.
La ley incorpora además sanciones específicas para clubes, entidades y organizaciones que mantengan vínculos con estas prácticas.
Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de una institución en actividades vinculadas a trapitos o limpiavidrios, las multas podrán duplicarse hasta alcanzar las 20.000 unidades fijas, equivalentes a cerca de 20 millones de pesos.
Además, las clausuras podrán extenderse hasta 90 días, triplicando el máximo de 30 días previsto por la normativa anterior.
Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la reforma apunta a desarticular redes organizadas que operan alrededor de eventos masivos y recuperar el control del espacio público, mientras que sectores críticos de la medida advierten sobre posibles controversias respecto de la aplicación de algunas de las nuevas sanciones.
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