El intendente de Valle Fértil acusó a Quintela de buscar protagonismo político y sumó una grave denuncia contra la policía riojana

10:26 | Miércoles 24 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja escaló un nuevo peldaño político. El intendente de Valle Fértil, , salió con dureza a cuestionar la estrategia impulsada por el gobernador riojano  y sostuvo que detrás del reclamo territorial existe una búsqueda de posicionamiento político con proyección nacional.

Las declaraciones del jefe comunal vallisto representan una de las críticas más fuertes formuladas hasta ahora por un dirigente sanjuanino contra el mandatario riojano desde que la Legislatura de La Rioja aprobó una ley que rechaza los límites establecidos por la Ley Nacional 18.004 y habilita acciones judiciales para sostener su reclamo territorial.

"Creo que su objetivo es posicionarse a través de los medios nacionales y provinciales. Lo ha logrado, pero jurídicamente no tiene ningún sustento", afirmó Riveros durante una entrevista radial.

La respuesta del intendente se produce en un contexto de creciente tensión institucional entre ambas provincias. Mientras el gobierno riojano sostiene que existen fundamentos históricos para revisar la delimitación vigente, San Juan insiste en que la cuestión quedó definitivamente resuelta por normas nacionales ratificadas por el Congreso.

Riveros se alineó con la postura del gobernador  y aseguró que la delimitación territorial fue establecida por la Ley Nacional 18.004 de 1968 y posteriormente reafirmada por la Ley 26.939.

"¿Cómo va a reclamar algo que ya está determinado por leyes desde hace años y además ratificado?», cuestionó el intendente, quien calificó la posición riojana como «de muy mal gusto".

El municipio de Valle Fértil ya formalizó además una presentación institucional dirigida a Orrego, al vicegobernador  y a legisladores provinciales para expresar su rechazo al planteo impulsado desde La Rioja.

El conflicto no quedó limitado a la discusión de límites territoriales.

Durante la entrevista, Riveros introdujo un elemento que elevó aún más la tensión política al mencionar una denuncia judicial que involucra a efectivos de la Policía de La Rioja.

El jefe comunal hizo referencia al caso de dos ciudadanos mendocinos que denunciaron haber sido detenidos por policías riojanos en territorio de San Luis y posteriormente trasladados a una dependencia policial de La Rioja.

Según la denuncia presentada por la defensa de los involucrados, los procedimientos se habrían realizado fuera de la jurisdicción provincial y sin orden judicial. Además, los denunciantes sostienen haber sido víctimas de apremios ilegales, golpes, asfixias y descargas eléctricas durante los interrogatorios.

La causa investiga presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas, acusaciones de extrema gravedad que actualmente se encuentran bajo análisis judicial.

Riveros evitó profundizar sobre aspectos procesales, pero utilizó el caso para reforzar sus críticas al gobierno riojano.

"Se le está yendo la mano al gobierno de La Rioja en ciertas acciones", sostuvo.

La referencia no pasó inadvertida porque vincula por primera vez la controversia limítrofe con cuestionamientos sobre el comportamiento institucional de organismos provinciales riojanos.

El conflicto entre ambas provincias comenzó a adquirir una dimensión política nacional. Lo que inicialmente aparecía como una discusión jurídica sobre límites interprovinciales terminó involucrando a gobernadores, legislaturas, municipios, organizaciones sociales y ahora también denuncias vinculadas a fuerzas de seguridad.

En La Rioja, el oficialismo sostiene que el reclamo territorial responde a una reivindicación histórica pendiente. En San Juan, en cambio, interpretan la ofensiva como una maniobra política sin posibilidades reales de prosperar en los tribunales.

Mientras tanto, la posibilidad de que la controversia llegue a la Corte Suprema de Justicia sigue latente. Y cada nueva declaración confirma que el conflicto ya trascendió la cuestión cartográfica para transformarse en una disputa política de alto voltaje entre dos provincias que comparten frontera, recursos estratégicos y una creciente rivalidad institucional.