El abogado constitucionalista Pedro Caminos analizó el proyecto que busca modificar la Ley de Tierras y explicó los alcances jurídicos de la iniciativa. Además, sostuvo que el principal debate debe centrarse en la regulación del uso y explotación
16:20 | Viernes 17 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, el abogado constitucionalista Pedro Caminos analizó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, iniciativa que reavivó el debate sobre la posibilidad de ampliar el acceso de personas y empresas extranjeras a la propiedad de tierras rurales en Argentina.
El especialista explicó que la discusión tiene dos dimensiones. Por un lado, la política, vinculada al interés nacional y a la distribución de la propiedad de la tierra, y por otro, la constitucional. En ese sentido, recordó que el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos, entre ellos el derecho a la propiedad. Por ello, consideró que cualquier restricción basada exclusivamente en la nacionalidad podría ser cuestionada judicialmente.
Caminos señaló que la actual Ley de Tierras, sancionada hace más de una década, fija un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y remarcó que existen alternativas regulatorias que podrían ser más compatibles con la Constitución, como establecer restricciones según el domicilio efectivo del propietario y no por su nacionalidad.
Durante la entrevista también se abordó la preocupación por la creciente presencia de capitales extranjeros en determinadas regiones del país. Sobre ese punto, el constitucionalista sostuvo que el fenómeno debe analizarse en un contexto global, marcado por el creciente poder económico de grandes empresas internacionales, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, que demandan grandes extensiones de tierra para nuevos emprendimientos.
No obstante, aclaró que el debate no debería concentrarse únicamente en quién es propietario de la tierra, sino en las reglas que el Estado establece para su explotación. En ese marco, afirmó que la legislación ambiental, los estudios de impacto ambiental, las regalías y los impuestos son herramientas que permiten controlar el aprovechamiento de los recursos naturales, independientemente de la nacionalidad del propietario.
Finalmente, Caminos consideró que la Argentina debe discutir un régimen más sólido para la explotación de sus recursos estratégicos y estimó que, si el Gobierno decidió impulsar la modificación de la Ley de Tierras, es porque entiende que cuenta con posibilidades de reunir los apoyos legislativos necesarios, aunque reconoció que el resultado del debate parlamentario aún es incierto.
