El secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, aseguró que el deterioro de la red vial requiere una inversión millonaria y reclamó declarar la emergencia vial.
16:10 | Lunes 24 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, Fabián Catanzaro sostuvo que el estado actual de la red vial nacional es crítico y estimó que se necesitaría una inversión superior a los 50 billones de pesos para intervenir sobre el total de las rutas. Sin embargo, aclaró que ningún gobierno podría afrontar una inversión de esa magnitud de manera inmediata y planteó la necesidad de establecer un plan de obras a corto, mediano y largo plazo.
“Con el estado en el que se encuentra la red vial nacional, hay que entender que hay que invertir más de 50 billones de pesos”, señaló el dirigente, quien consideró que la prioridad debe estar puesta en los sectores más críticos para comenzar a revertir el deterioro y, posteriormente, avanzar hacia una modernización integral de la infraestructura.
Catanzaro también cuestionó el esquema de concesiones viales que impulsa el Gobierno nacional. Explicó que actualmente existen unos 6.500 kilómetros de rutas nacionales concesionadas, sobre una red total de algo más de 40.000 kilómetros, y que el nuevo esquema busca llevar esa cifra a unos 9.000 kilómetros.
Según explicó, las concesiones tendrían contratos de 20 años y contarían con financiamiento a través de un banco estatal, con tasas preferenciales y períodos de gracia. En ese sentido, criticó que se presente como “inversión privada” un esquema en el que, según sostuvo, el Estado continúa financiando y garantizando parte del negocio.
“Cuando un trabajador recibe un subsidio a la energía, eso es populismo. Cuando un empresario recibe una tasa subsidiada, eso es activación de mercado”, cuestionó.
Además, advirtió que el nuevo esquema implicaría un fuerte incremento en la cantidad de cabinas de peaje, que pasarían de 47 a 108, mientras que se reducirían los móviles de asistencia a los usuarios y se transferirían activos de Vialidad Nacional a las empresas concesionarias.
Catanzaro remarcó que los contratos contemplan principalmente tareas de mantenimiento y no grandes obras de infraestructura. “No se prevé que se haga una autovía, un puente, un distribuidor u obras de envergadura”, sostuvo, por lo que consideró que el modelo no garantiza la modernización que necesita la red vial.
La situación de la Ruta 38 en La Rioja
Durante la entrevista, se puso como ejemplo el estado de la Ruta Nacional 38, uno de los principales corredores utilizados por los riojanos para trasladarse hacia Catamarca y Córdoba.
Catanzaro informó que se abrió una licitación para realizar tareas de mantenimiento en el tramo norte de la Ruta 38 y destacó que se trata de la primera licitación de mantenimiento de ese sector en los últimos años.
“Para ya pisando el tercer año de gobierno, esta es la primera licitación de mantenimiento que esperemos que se pueda concretar”, manifestó.
El dirigente advirtió que el deterioro de la Ruta 38 no constituye un caso aislado, sino que forma parte de una problemática que afecta a gran parte de la red vial nacional.
También cuestionó la posibilidad de transferir rutas nacionales a las provincias. Según explicó, muchas jurisdicciones no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el mantenimiento de esas vías y, además, los traspasos no estarían acompañados por los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
“Le están trasladando las rutas, pero también le están trasladando los siniestros y, en el fondo, las peores consecuencias”, afirmó.
Reclaman utilizar los fondos del impuesto a los combustibles
Frente a este escenario, Catanzaro planteó que se declare la emergencia vial nacional y que se utilicen los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos para financiar las obras necesarias.
“Ni siquiera pretendemos que haya que destinar más fondos, sino que sean los que tenemos otorgados por ley”, sostuvo.
Según explicó, esos recursos representarían actualmente alrededor de un billón de pesos, fondos que, a su entender, permitirían realizar tareas de mantenimiento sobre miles de kilómetros de rutas y avanzar en la construcción de nueva infraestructura.
El dirigente recordó que los usuarios continúan pagando el impuesto cada vez que cargan combustible y sostuvo que, si las rutas son transferidas a las provincias, los ciudadanos podrían terminar afrontando nuevamente los costos mediante peajes y recursos provinciales.
Críticas al esquema de concesiones
Catanzaro también cuestionó los antecedentes de los esquemas de participación público-privada implementados durante el gobierno de Mauricio Macri y recordó las denominadas PPP.
Según afirmó, aquellas obras tuvieron costos elevados y registraron un avance limitado. En ese sentido, manifestó su preocupación porque el actual esquema de concesiones pueda profundizar los problemas existentes.
“Estamos de acuerdo con que haya que hacer mantenimiento sobre las rutas, porque no nos oponemos; es más, pedimos por favor, para poder tener más trabajo. Pero nos parece que hipotecar nuestras rutas a 20 años en estos esquemas no es la solución”, señaló.
Para Catanzaro, las rutas constituyen un recurso estratégico para el país, especialmente porque gran parte del transporte de cargas y pasajeros depende de ellas.
Preocupación por el futuro de Vialidad Nacional
Finalmente, el dirigente se refirió a la situación interna de Vialidad Nacional y aseguró que el Gobierno ya desvinculó a más de 1.300 trabajadores del organismo.
Entre los trabajadores afectados, mencionó a profesionales, técnicos, topógrafos, laboratoristas, maquinistas y mecánicos, entre otros trabajadores especializados.
Catanzaro sostuvo que el achicamiento presupuestario y la reducción de personal repercuten directamente en la capacidad operativa del organismo. También señaló que una nueva estructura recientemente implementada concentra funciones en la Casa Central de Buenos Aires y reduce atribuciones de los distritos jurisdiccionales.
Según afirmó, estas modificaciones ponen en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo y afectan la capacidad de Vialidad Nacional para controlar, mantener y asistir sobre las rutas del país.
“Frente al estado de la red vial colapsada, creemos que se debe declarar la emergencia vial y asignar los recursos del impuesto a los combustibles líquidos”, concluyó.
