El abogado Alejandro Cruz cuestionó la falta de preparación provincial y pidió presupuesto para garantizar la contención, escolarización y reinserción de adolescentes.
20:03 | Martes 08 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar preocupación en La Rioja por la falta de infraestructura y recursos necesarios para su aplicación. El abogado penalista Alejandro Cruz consideró que la normativa está correctamente diseñada, pero advirtió que la provincia no cuenta actualmente con una estructura adecuada para implementarla.
En diálogo con Fenix, Cruz explicó que la ley no tiene como objetivo principal la detención de los adolescentes, sino que establece distintas herramientas orientadas a la escolarización, la resocialización y la reinserción social.
“Lo que la ley busca es la escolaridad, la resocialización y la inserción en la sociedad de las personas que cometan delitos entre los 14 y los 18 años de edad”, sostuvo el abogado.
Según explicó, la detención debe ser entendida como el último recurso y estará vinculada principalmente con los delitos de mayor gravedad. Para otros hechos, la normativa contempla medidas alternativas, incluso modalidades de permanencia domiciliaria, acompañamiento y mecanismos de reinserción.
Cruz cuestionó que el debate público se haya concentrado principalmente en la posibilidad de que adolescentes sean detenidos. En ese sentido, consideró que se está dejando de lado el objetivo preventivo de la legislación y la necesidad de trabajar sobre las causas que pueden llevar a la comisión de delitos.
Además, remarcó que la nueva normativa incorpora una mirada diferente sobre las víctimas y sobre los propios adolescentes involucrados en hechos delictivos. “La víctima es la que menos se mira el derecho penal desde 1891”, afirmó, aunque destacó que en las últimas décadas comenzó a ocupar un lugar más importante dentro del sistema.
Otro de los aspectos que planteó fue la responsabilidad de los padres. El abogado sostuvo que la legislación contempla responsabilidades civiles por los delitos que puedan cometer sus hijos de entre 14 y 18 años, un punto que, según consideró, no está siendo suficientemente discutido.
En cuanto a La Rioja, Cruz fue crítico con la preparación de la provincia. Señaló que las juezas de Familia cuentan con experiencia en cuestiones vinculadas al derecho de familia y la contención, pero no necesariamente con formación específica para abordar procesos penales juveniles.
“Las juezas de familia están preparadas para la atención de las cuestiones de familia, precisamente del derecho civil en la rama familia, pero no para una cuestión penal”, explicó.
Ante esta situación, reclamó que el Estado provincial destine recursos para preparar a los funcionarios y crear los dispositivos necesarios. Consideró que desde la promulgación de la ley hubo tiempo suficiente para planificar su implementación y evitar que la provincia quede sin respuestas ante los primeros casos.
Cruz también pidió especialización de jueces, fiscales y funcionarios que intervengan en este tipo de procesos. A su entender, no alcanza con cuestionar la falta de infraestructura, sino que es necesario generar las condiciones para que la normativa pueda aplicarse correctamente.
“Proveamos desde el Estado lo necesario para la contención de los menores”, reclamó el abogado, quien además destacó la necesidad de contar con fiscales y asesores especializados en materia penal juvenil.
Finalmente, Cruz insistió en que el desafío no debe estar puesto únicamente en la detención, sino en prevenir que los adolescentes reincidan y lograr su reinserción. Para ello, consideró indispensable que la Justicia cuente con presupuesto, profesionales especializados y dispositivos adecuados.
“Si no hay infraestructura, no hay jueces, no hay nada, no veamos la crítica; veamos cómo hacemos para presupuestar y darle a la Justicia lo que corresponde”, concluyó.
