Ley de Malvinas: La Libertad Avanza no consigue los acuerdos y vuelve postergar el despacho

16:28 | Lunes 19 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Pasó un mes y medio de aquella noche del 3 de septiembre en la que el presidente Javier Milei mostró un giro en su política de soberanía en general y respecto a las Islas Malvinas en particular. Allí anunció un megaproyecto de ley que días después envió a la Cámara de Diputados para penalizar a las empresas que inviertan en las islas del Atlántico Sur y para evitar nuevos "ataques extranjeros". Esa iniciativa, seis semanas después, sigue deambulando en la Cámara baja y parece no tener demasiado destino. Esta semana tampoco habrá quórum.

La Libertad Avanza tenía previsto firmar el dictamen de esta iniciativa el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, el proyecto que llegó de la Casa Rosada no contaba con los apoyos necesarios en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, y el oficialismo pidió una semana más para hacer algunas modificaciones y llegar a un dictamen de consenso.

El objetivo de Martín Menem era tratarlo en la sesión especial pedida por el oficialismo para este miércoles, junto con vandalismo rural, morosidad, Discapacidad e Inviolabilidad de la Propiedad Privada; una agenda de temas que iba a derivar en una nueva sesión maratónica, algo que le funcionó bastante a La Libertad Avanza en Diputados.

Para eso, debían dictaminar antes del miércoles. La fecha prevista era el martes 20 de octubre. Pero todo se volvió a complicar y el oficialismo debió suspender la reunión.

El argumento que dieron desde el comando libertario es que se postergó una vez más el debate porque "algunos aliados temían que, si dictaminábamos mañana, la pusiéramos en la sesión del miércoles". Otra fuente de La Libertad Avanza en Diputados planteó que "se complicó la agenda" y que "no hay tiempo para ir a todos los plenarios a ver que se firme".

Lo cierto es que distintos diputados dialoguistas señalaron ante este cronista que todavía hay muchas dudas respecto del proyecto del oficialismo. De hecho, varios de estos interrogantes ya los plantearon en las reuniones de comisión. El principal es el artículo 111, que establece penas de prisión para quienes impulsen campañas de "desinformación" o ejerzan una "influencia extranjera indebida".

La redacción original no define con precisión qué se considera una cosa o la otra, y eso encendió las alarmas en buena parte del arco opositor, que advierte sobre "tipos penales abiertos" que podrían terminar habilitando la persecución de periodistas, dirigentes u organizaciones. Ante las críticas, el oficialismo tuvo que retroceder. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, adelantó en el último plenario que ese artículo "se va a acotar" a la injerencia extranjera en procesos electorales.

El otro gran foco de conflicto es la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo pensado para coordinar de manera permanente la acción del Estado en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia.

El problema, según los bloques dialoguistas, es que dependería exclusivamente del Poder Ejecutivo y dejaría la puerta abierta a un uso discrecional de esas facultades. La única concesión que ofreció hasta ahora la Casa Rosada fue analizar una comisión bicameral de seguimiento, una propuesta que en la oposición consideran insuficiente. Incluso dentro del propio oficialismo hay diferencias sobre cómo repartir las atribuciones de ese nuevo esquema.

A eso se suman los cuestionamientos sobre el límite entre defensa nacional y seguridad interior. Los especialistas convocados a las comisiones advirtieron que el proyecto deja sin efecto el artículo 4 de la Ley de Defensa, que hoy impide que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos.

También generaron reparos el rol que se le asigna a la SIDE, el manejo de fondos reservados y la derogación completa de la llamada ley Solanas, la norma vigente que sanciona a las empresas que exploran hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina. Aliados como el MID reclaman, en ese sentido, mayores mecanismos de control por parte del Congreso.

Pero la crítica de fondo apunta a la arquitectura misma del proyecto. De los 133 artículos que lo componen, apenas unos 40 hablan efectivamente de Malvinas.

Para Mónica Frade, de la Coalición Cívica, "el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político". La diputada de izquierda Myriam Bregman fue más lejos y lo comparó con una ley "basada en la dictadura de Onganía". Desde Unión por la Patria, Germán Martínez sostuvo que el texto "tiene los elementos de una ley ómnibus" y que debería dividirse en ocho proyectos distintos. En la misma línea, Provincias Unidas prepara un dictamen propio que rechaza los títulos II al VIII.

En La Libertad Avanza ya admitieron que habrá cambios en el artículo 39, sobre la autoridad de aplicación; en los artículos 46, 48 y 49, vinculados a la participación de provincias y municipios, y en los artículos 20, 21 y 22, que fijan las sanciones penales.

Sin embargo, el oficialismo se niega a lo que pide la mayoría de la oposición: separar el Título I del resto de la ley. Ese título endurece las penas contra las empresas que operan en el Atlántico Sur sin permiso argentino y cuenta con un amplio consenso. Mientras esa discusión no se destrabe, el proyecto con el que Milei quiso marcar su nueva política de soberanía seguirá durmiendo en las comisiones de la Cámara baja.