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La Dirección de Vialidad Nacional busca revertir la decisión judicial que cerró una demanda civil contra la expresidenta por $22.300 millones, vinculada a obras adjudicadas a Lázaro Báez.
Viernes 22 de Agosto de 2025
12:57 | Viernes 22 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Vialidad, presentó una apelación contra el fallo del juez civil Marcelo Dos Santos que declaró la caducidad de la instancia en una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Fernández de Kirchner. La causa, iniciada durante la gestión de Mauricio Macri, reclamaba el pago de $22.300 millones por obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez que no fueron concluidas ni reclamadas.
La decisión judicial se basó en la falta de impulso procesal por parte del Estado, al considerar que no hubo actividad significativa en el expediente desde octubre de 2023. El abogado de la expresidenta, Luis Goldin, solicitó en dos oportunidades la caducidad del proceso, argumentando inacción por parte de Vialidad Nacional. El juez aceptó el planteo, señalando que el instituto de la caducidad busca evitar la prolongación indefinida de los juicios, en resguardo de la buena administración de justicia.
No obstante, el Gobierno sostiene que sí existió actividad procesal, incluyendo la incorporación de la condena penal dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que confirmó la responsabilidad de Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Además, se argumentó que el expediente fue afectado por cuestionamientos al representante legal de Vialidad, lo que demoró el avance del caso.
La Cámara de Apelaciones deberá ahora resolver si revierte el fallo y permite continuar con el reclamo económico. En paralelo, en el fuero penal, el juez Jorge Gorini tramita la ejecución patrimonial de la condena, que incluye el decomiso de bienes por un valor estimado en 537 millones de dólares.
El origen del reclamo se remonta a las 51 licitaciones otorgadas a Báez, cuyo perjuicio económico fue calculado en más de $85.000 millones, según pericias oficiales. La causa civil se centraba en recuperar la mitad de ese monto, correspondiente a obras no ejecutadas.
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