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El legislador advirtió que la medida del Gobierno nacional pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la industria electrónica local. “De los 8.500 empleos directos, la mitad está vinculada a la fabricación de celulares”, alertó.
Miércoles 21 de Mayo de 2025
09:55 | Miércoles 21 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles para la importación de celulares generó fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde gran parte del aparato productivo está vinculado a la industria electrónica. El senador fueguino Pablo Blanco expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el empleo en la provincia.
“Los aranceles nos afectan seriamente a las fuentes laborales de la provincia. De los 8.500 empleos directos que hay en la industria electrónica, aproximadamente el 50% está dedicado a la fabricación de celulares, con lo cual es un golpe muy importante para el empleo en una provincia de poco más de 200 mil habitantes”, señaló Blanco.
“Hoy hay un paro generalizado en rechazo a la medida, que afecta tanto al sector público como privado. Es una situación preocupante. Hay un malestar social creciente porque esta decisión no contempla el daño que se le hace a una economía regional que depende casi exclusivamente de este sector”, agregó el legislador.
Respecto de la disposición que autoriza a las empresas a realizar ventas directas al público por hasta 3.000 dólares, Blanco consideró que no alcanza a mitigar el impacto: “Es una salida muy pequeña a la crisis que genera la baja de aranceles, basada esencialmente en que el celular de alta gama, como producto terminado, tiene un precio de 980 dólares. Entonces el problema es la cadena de comercialización, que hace que ese celular termine vendiéndose en 2.500 o 2.900 dólares”, explicó.
El régimen de promoción industrial fueguino, que existe desde 1972, permitió el desarrollo de un polo tecnológico que emplea a miles de trabajadores en la fabricación de electrodomésticos, televisores, computadoras y, especialmente, teléfonos móviles. Con esta nueva disposición, desde el sector advierten que podría comenzar un proceso de desinversión y pérdida de empleos que impactará fuertemente en la economía provincial.
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