En diálogo con Fénix, la coordinadora del área de Litigio del CELS explicó los fundamentos del fallo judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes y advirtió sobre el impacto que la medida tiene sobre derechos constitucionales básicos.
16:23 | Martes 30 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, Agustina Lloret, abogada y coordinadora del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), brindó precisiones sobre la resolución judicial que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional. La letrada sostuvo que la normativa “transforma el derecho a la protesta en un delito” y se aparta de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Lloret recordó que la presentación judicial fue realizada a fines de diciembre de 2023 mediante una acción de amparo, al considerar que el protocolo establecía un esquema de criminalización de la protesta social y otorgaba a las fuerzas de seguridad un rol represivo, contrario a la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la manifestación.
“La Justicia entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades, ya que legisló en materia penal a través de una resolución administrativa, algo que está expresamente prohibido”, explicó. En ese sentido, remarcó que el fallo declara la nulidad total de la norma por ser incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Consultada sobre la apelación presentada por el Gobierno, Lloret señaló que era un escenario previsible, aunque advirtió que ya existe un pronunciamiento judicial que marca límites claros. “El Estado debería actuar con extrema cautela, porque están en juego derechos muy sensibles como la libertad de expresión, el derecho a la reunión, a la protesta y a la integridad física de las personas”, sostuvo.
Además, la abogada destacó que el reclamo tuvo un fuerte respaldo federal, con la adhesión de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos de distintas provincias del país. “Este protocolo funciona como una carta blanca para que las fuerzas de seguridad de todas las jurisdicciones repriman la protesta, y eso es profundamente preocupante”, afirmó.
Finalmente, Lloret subrayó que el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación deben convivir, y que el rol histórico del Estado ha sido encontrar mecanismos de equilibrio. “Lo que no es válido es anular un derecho para garantizar otro. Eso es lo que la Justicia dejó en claro”, concluyó.