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Embargo al Municipio de Chamical: la Justicia federal reclamó más de $5 millones y encontró apenas $15.685

La Secretaría de Trabajo de la Nación ejecuta una deuda contra Chamical en un expediente que arrastra desde 2019. El Banco Nación informó que la cuenta oficial estaba prácticamente vacía y el Estado nacional ya pidió extender el embargo a Banco Rioja

Lunes 15 de Junio de 2026

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09:47 | Lunes 15 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Estado nacional intentó cobrarle a la Municipalidad de Chamical una deuda de $5.012.956,82 y se encontró con una cuenta corriente casi sin fondos: el Banco de la Nación Argentina informó que, al momento de trabar el embargo, el municipio tenía depositados apenas $15.685,71. La cifra equivale al 0,31% de lo reclamado, según pudo saber eduardogerman.com a partir de la documentación judicial del expediente.

El dato surge de un oficio electrónico que la sucursal Chamical del Banco Nación remitió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 8, con fecha 31 de marzo de 2026 e incorporado al expediente el 6 de abril. En la respuesta, la entidad detalla que se hizo efectivo el embargo ordenado sobre la cuenta corriente N° 5920008573, de titularidad de la Municipalidad de Chamical (CUIT 30-61490356-9), pero que el saldo disponible era marginal frente al monto perseguido.

Una deuda que viene de 2019

La causa está caratulada como «EN- M Producción y Trabajo c/ Municipalidad de Chamical La Rioja s/ Proceso de Ejecución» (Expte. 48541/2019). El origen del reclamo es el entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, cartera que ya no existe con esa denominación y cuya continuidad recayó en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, conforme la reestructuración del Estado dispuesta por el DNU 8/2023 y el Decreto 86/23.

En términos prácticos, se trata de una deuda que el municipio riojano arrastra desde hace siete años y que hoy persigue la estructura de la administración nacional. El proceso de ejecución es el carril judicial mediante el cual el acreedor —en este caso, el propio Estado nacional— busca cobrar de manera forzada cuando no logró hacerlo por la vía administrativa.

Cuentas casi vacías

El embargo sobre la cuenta del Banco Nación no es nuevo: había sido ordenado por auto del 11 de septiembre de 2024 y ejecutado a partir de un oficio recibido el 31 de octubre de ese año, por la suma de $5.012.956,82. Sin embargo, el resultado fue prácticamente nulo. Cuando la entidad bancaria volvió a informar el estado de la cuenta, a fines de marzo de 2026, el saldo seguía siendo insignificante: $15.685,71.

La diferencia es elocuente. Por cada $100 que el Estado nacional reclama, el embargo sobre la cuenta principal del municipio en el Banco Nación permitió recuperar apenas 31 centavos. Una cuenta corriente municipal con ese nivel de fondos refleja, además, el estrecho margen financiero con el que operan las administraciones del interior riojano.

Ahora va por el Banco Rioja

Ante el escaso resultado, la representación del Estado nacional movió la estrategia. En una presentación firmada por la apoderada Paola Verónica Martínez, la Secretaría de Trabajo solicitó al juzgado que libre un nuevo oficio de embargo, esta vez sobre las cuentas que el municipio mantiene en el Banco Rioja S.A.U., a partir de un informe de cuentas bancarias del Banco Central. El pedido apunta a los mismos fines que la medida original, con la expectativa de que la entidad provincial sí registre fondos embargables.

La maniobra abre un segundo frente sobre el sistema financiero riojano. El Banco Rioja no es un actor neutral en el mapa de tensiones de la provincia: la entidad figura, junto con activos vinculados al fideicomiso Arauco, entre los blancos del litigio que tenedores de bonos impulsan en los Estados Unidos por el default del bono verde provincial. Que ahora también sea el canal por el que la Nación busca cobrarle a un municipio riojano agrega una capa más a la fragilidad de las finanzas públicas locales.

El expediente expone, en pequeña escala, la misma lógica que atraviesa a buena parte del entramado fiscal de La Rioja: deudas que se acumulan, cuentas con saldos mínimos y acreedores que deben rastrear activos de cuenta en cuenta para intentar cobrar. El próximo movimiento depende de lo que informe el Banco Rioja. Si esas cuentas también aparecen con saldos exiguos, el Estado nacional quedará ante el clásico problema de la ejecución contra deudores públicos: una sentencia favorable que choca contra la falta de fondos para hacerla efectiva.

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