La investigación comenzó tras la desaparición de una adolescente de 13 años, localizada junto a otra menor en Santiago del Estero. Hay 12 hombres detenidos y se investigan presuntos delitos de abuso sexual, grooming y explotación sexual de menores.
20:14 | Viernes 21 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El periodista Franco Samuel Farías, en diálogo con Fenix, explicó que el caso comenzó cuando una madre alertó a la Policía sobre la desaparición de su hija, que no había regresado a su domicilio. A partir de la activación de la Alerta Sofía y del seguimiento de la geolocalización de los teléfonos celulares, los investigadores lograron determinar que la adolescente se encontraba en la localidad de Sumampa, en Santiago del Estero, junto a otra menor.
Las dos adolescentes fueron encontradas en la vivienda de un hombre de aproximadamente 60 años, con quien no tenían relación conocida. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía a cargo de la doctora Analía Cepede comenzó a investigar por qué las menores habían llegado hasta ese lugar y detectó indicios de una presunta trama de explotación sexual.
Según relató Farías, la investigación permitió establecer que las adolescentes habrían tenido contacto con distintos hombres y que algunos de ellos serían remiseros. Una de las hipótesis apunta a que algunos viajes eran utilizados como mecanismo para facilitar los encuentros con las menores, incluso mediante intercambios de servicios sexuales por traslados.
A partir de las pruebas reunidas, la Justicia avanzó con distintos allanamientos en localidades del norte de Córdoba. Hasta el momento, 12 hombres fueron detenidos y quedaron vinculados a una investigación por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, grooming y explotación sexual de menores.
Una investigación que conmocionó al norte cordobés
El caso generó una fuerte conmoción en localidades donde, según explicó Farías, existe una comunidad pequeña en la que muchos de los involucrados son conocidos entre sí.
Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como José Villarreal, conocido como “Achazo”, quien se desempeñaba como asesor del legislador del departamento Río Seco, Ramón Flores.
Tras conocerse la detención, Flores se desvinculó públicamente de Villarreal y anunció su despido de la Legislatura. Sin embargo, la investigación periodística también comenzó a poner bajo la lupa otros vínculos relacionados con el legislador.
Farías señaló además que Villarreal designó como abogado defensor a Mario Giraudo, también de la zona, y sostuvo que el letrado tiene una condena por encubrimiento agravado en una causa vinculada con un abuso sexual contra una adolescente de 16 años.
De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, el hecho habría ocurrido años atrás durante una reunión en un campo. En aquella oportunidad, otro hombre habría abusado sexualmente de la adolescente y Giraudo habría sido condenado por encubrimiento tras haber intentado evitar que la víctima denunciara el hecho.
La sentencia fue recurrida y, según la información brindada por el periodista, el abogado continúa ejerciendo su profesión mientras el proceso judicial no se encuentre firme.
Los vínculos políticos bajo la lupa
La investigación también puso bajo análisis otros antecedentes de personas relacionadas con el legislador Ramón Flores. Durante la entrevista se mencionó a otro allegado que habría sido condenado por delitos vinculados con el uso de bienes de una empresa provincial de energía eléctrica y la usurpación de un terreno.
No obstante, estos antecedentes forman parte de una investigación periodística y no implican por sí mismos una vinculación de esas personas con la causa por explotación sexual de menores. La Justicia deberá determinar si existen conexiones concretas entre los distintos involucrados y la presunta red investigada.
Mientras tanto, la causa continúa abierta y se prevé que se incorporen nuevas pruebas, testimonios y pericias para establecer cómo funcionaba la presunta trama, quiénes participaban y cuál era el rol de cada uno de los detenidos.
El caso generó especial preocupación por la edad de las víctimas y por la cantidad de adultos que aparecen bajo investigación. Ahora, la Justicia deberá avanzar para determinar las responsabilidades individuales y garantizar la protección de las adolescentes involucradas.
