El procesamiento de Malvina Vilte, exsecretaria Legal y Técnica de la Universidad Nacional de La Rioja, por presunta usurpación de autoridad, pone en el centro de la discusión las prácticas de gestión.
18:09 | Viernes 20 de Diciembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamientos institucionales tras el procesamiento de Malvina Vilte, exsecretaria Legal y Técnica, acusada de usurpación de autoridad por ejercicio ilegal de funciones públicas. El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del juez Héctor Daniel Barria, dictó la medida el 18 de diciembre de 2024, basándose en el artículo 246 inciso 1 del Código Penal.
Aunque Vilte continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial, se le impuso un embargo de un millón de pesos ($1.000.000) para garantizar las posibles penas pecuniarias y costas procesales. La resolución, notificada oficialmente el 20 de diciembre, fundamenta la imputación en los artículos 327, 328 y 329 del Código Procesal Penal.
El caso, caratulado como “Vilte Beatriz Malvina – Usurpación de Autoridad”, surge de denuncias que señalan irregularidades en el desempeño de la exfuncionaria. Las acusaciones apuntan a un ejercicio indebido de funciones, lo que ha generado un intenso debate sobre las prácticas de gestión y el rol de los órganos de control dentro de la universidad.
La UNLaR, una institución clave para el desarrollo académico y profesional en La Rioja, enfrenta un desafío significativo para preservar su credibilidad y fortalecer la confianza de la comunidad educativa. Este episodio reaviva las demandas de mayor transparencia en la administración universitaria y el cumplimiento riguroso de los marcos normativos que rigen su funcionamiento.
El procesamiento de Vilte no solo tiene implicancias legales, sino también institucionales y políticas, al destacar la importancia de garantizar una gestión pública íntegra y respetuosa de las normas. En un contexto donde las universidades desempeñan un papel crucial en la formación de ciudadanos, este caso plantea preguntas fundamentales sobre la gobernanza y la ética en las instituciones educativas.
Con el proceso judicial en curso, la resolución de esta causa será determinante para el futuro de la UNLaR y sus esfuerzos por reforzar la integridad en la gestión pública. Este caso sirve como un recordatorio de la responsabilidad compartida por todos los actores universitarios para garantizar un entorno de transparencia y rendición de cuentas.