El fuerte revés que podría sufrir Cristina Fernández de Kirchner en el decomiso de sus bienes

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan incluir en un nuevo pedido de decomiso de bienes en la causa Vialidad el departamento en el que Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años de prisión, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La decisión quedará en manos del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que la semana pasada dispuso el decomiso de 80 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas, además de un terreno de más de 6.000 metros cuadrados en Santa Cruz de la expresidenta y una veintena de inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.

El inmueble de Constitución está registrado a nombre de Hotesur S.A., firma actualmente administrada por los hijos de la exmandataria y cuyos bienes se encuentran embargados en una causa paralela por presunto lavado de dinero, en la que también están imputados Cristina y Máximo Kirchner.

La posición de la defensa de CFK

La defensa de la exmandataria se opone a que la Justicia avance sobre esos bienes. Argumentan que no se probó un vínculo directo entre las propiedades y los delitos investigados, y que varias de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos en 2016, por lo que no podrían ser alcanzadas por la medida.

La expresidenta, por su parte, pidió anular la ejecución de los decomisos, al cuestionar el método utilizado para calcularlos y sostener que es ilegítimo aplicar la medida sobre bienes adquiridos antes de 2009, año en que firmó el decreto que, según la acusación, dio origen a la maniobra.

En su resolución, los jueces del TOF 2 remarcaron que el decomiso no requiere una “trazabilidad científica” de cada activo, sino que alcanza a los bienes vinculados temporal o económicamente con el delito, incluso si pertenecen a personas no condenadas, como Máximo y Florencia Kirchner o el fallecido Néstor Kirchner.