Tenía 12 años y lo mató una jauría: juzgarán a los dueños de los perros y pedirán penas de 10 años de cárcel

08:16 | Miércoles 11 de Marzo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Diego Román tenía 12 años. Un día desapareció y 24 horas después lo encontraron muerto en un descampado de la localidad de Recreo, en Santa Fe. Al comienzo de la investigación surgieron múltiples teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, pero la Fiscalía sostiene una hipótesis firme: que fue atacado por una jauría.

A casi siete años del hecho, los dueños de los perros serán juzgados. El debate oral comenzará el próximo viernes 27 de marzo y buscará determinar las responsabilidades de los propietarios de los animales señalados como autores del ataque mortal.

El proceso tendrá en el banquillo a Iván Mercado Reyes y Norma Vega, quienes eran los responsables de la jauría. Ambos están imputados como coautores de homicidio con dolo eventual, una figura que apunta a quienes, conociendo el peligro, no hacen nada para evitar un desenlace trágico.

La fiscalía, a cargo de Andrés Marchi, sostiene que Diego fue atacado por una jauría de unos diez perros que estaban bajo el cuidado de Reyes y Vega. De acuerdo a la acusación, los imputados sabían del riesgo que representaban los animales y no tomaron medidas para evitar el desastre.

Marchi adelantó que pedirá 10 años de prisión para Reyes y 8 para Vega, al considerar que ambos conocían la “potencialidad agresiva y lesiva” de los animales. Si el tribunal no comparte esa calificación, el fiscal planteó como alternativa el homicidio culposo, que podría derivar en penas de entre 4 y 5 años de cárcel.

El debate se realizará ante el juez Pablo Busaniche y se extenderá durante varias jornadas. Además del 27 de marzo, continuará el 30 y 31 de ese mes y seguirá el 1, 6, 7, 8 y 9 de abril, según el cronograma de la Oficina de Gestión Judicial.

Un caso marcado por el horror y las dudas

El cuerpo de Diego fue encontrado en un predio rural, cerca del límite entre la casa de Reyes y un terreno contiguo, a unos 200 metros al norte de la calle Menchaca. Los peritos estiman que la muerte ocurrió entre las 17 del 3 de julio y las 4.30 del 4 de julio de 2019.

Desde el principio, el caso estuvo rodeado de hipótesis macabras por el estado en que fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, los peritajes forenses y veterinarios determinaron que las heridas eran compatibles con una “depredación de animales”, lo que dio un giro clave en la investigación.

La jauría estaba compuesta por perros de distintas razas: un rottweiler llamado Tronco, varios boxer (Jackson, Dorotea y Malevo) y otros mestizos (Beethoven, Tacuara, Mia, Chocolate, Uma y Negrito).

Una querella apartada del proceso antes del juicio

La única querella en llegar a juicio es la constituida por el padre de Diego. La que representa a María del Luján Cardozo, madre del nene, fue apartada del expediente en los últimos meses por decisión judicial. Según consta en la causa, el tribunal consideró que esa representación no había intervenido en determinadas etapas del proceso, por lo que resolvió excluirla de la participación en el juicio.

Frente a esa decisión, el abogado Dionisio Ayala presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Santa Fe. El planteo busca que el máximo tribunal provincial revise la resolución y permita que la querella vuelva a intervenir en el caso. Según sostuvo Ayala en diálogo con TN, participa del proceso desde 2019 y su exclusión implica, a su entender, una afectación al derecho de la víctima a ser parte del debate.

Ayala también cuestionó el rumbo que tomó la investigación sobre la muerte del chico. De acuerdo a lo que afirmó, las primeras conclusiones forenses hablaban de una muerte extremadamente violenta, “al estilo de los carteles de Colombia”, pero con el paso del tiempo la causa se orientó hacia la hipótesis de que el chico murió tras el ataque de una jauría de perros.

El abogado sostiene que existen “interrogantes” sobre lo ocurrido y planteó que la investigación debería profundizar otras líneas. En ese contexto, la presentación ante la Corte busca no solo revertir el apartamiento de la querella, sino también garantizar -según la postura de Ayala- que la familia de la víctima pueda seguir impulsando medidas dentro del proceso.