La Rioja se sumó al frente de seis provincias contra la reforma laboral de Milei

09:00 | Martes 28 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...  Los seis gobiernos provinciales —encabezados por Axel Kicillof y Ricardo Quintela— coinciden en que la reforma vulnera las atribuciones provinciales en materia de policía del trabajo y se comprometen a promover acciones judiciales conjuntas para impedir su aplicación.

La provincia de La Rioja se incorporó esta semana a un frente federal de seis administraciones provinciales que denunció formalmente la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La adhesión riojana se concretó en el marco del Encuentro Federal por el Trabajo, convocado por los ministerios laborales de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego, instancia en la que se suscribió un documento conjunto que articula la respuesta provincial al proyecto del Ejecutivo nacional.

El frente está encabezado políticamente por los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela, los dos mandatarios peronistas con mayor exposición pública en la confrontación con la Casa Rosada. La conjunción no es casual: ambos integran el bloque de gobernadores opositores que disputan el liderazgo del peronismo de cara a 2027 y comparten una lectura común sobre el carácter del ajuste macroeconómico nacional. Los seis gobiernos provinciales que firman el documento —Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego— configuran un mapa político específico: provincias gobernadas por administraciones peronistas que mantienen distintos niveles de confrontación con el oficialismo libertario.

El núcleo del cuestionamiento técnico-jurídico apunta a un terreno constitucionalmente sensible: la división de competencias entre el Estado nacional y las provincias en materia laboral. Según el documento suscrito, la reforma vulnera las atribuciones provinciales en materia de policía del trabajo, afectando la capacidad de los Ejecutivos locales de garantizar derechos laborales y cumplir con las obligaciones institucionales que la Constitución Nacional les asigna en el artículo 121 —que reserva a las provincias todo el poder no delegado al gobierno federal— y en disposiciones específicas vinculadas al control del trabajo en territorio provincial.

La policía del trabajo —concepto técnico que designa la facultad de inspección, control y sanción sobre las relaciones laborales en territorio provincial— constituye una atribución históricamente compartida entre la Nación y las provincias. La Nación legisla en materia de derecho del trabajo y seguridad social a través del Congreso, mientras las provincias mantienen la facultad de aplicar y hacer cumplir esas normas en su territorio mediante sus propios Ministerios de Trabajo, secretarías y direcciones. Cualquier reforma que altere ese equilibrio entra en zona de tensión constitucional.

El planteo del frente provincial fue sintetizado por Hugo «Cachorro» Godoy, dirigente de ATE y referente histórico de la CTA Autónoma, quien reseñó que las seis administraciones se comprometieron a articular acciones conjuntas con las tres centrales sindicales —CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma— para impedir la aplicación de la norma. La coordinación entre Ejecutivos provinciales y representaciones sindicales reproduce el dispositivo histórico que el peronismo y el sindicalismo argentino han desplegado en momentos de retrocesos en derechos laborales.

Para La Rioja, la incorporación al frente tiene varios componentes específicos. El primero es de carácter político: refuerza el alineamiento del gobernador Quintela con la conducción bonaerense de Kicillof y consolida un mapa de coordinación interprovincial que opera como contrapeso al armado libertario. El segundo es jurídico: La Rioja mantiene un litigio paralelo en la Corte Suprema por las transferencias coparticipables y la suma de un nuevo frente judicial sobre la reforma laboral construye un esquema de confrontación institucional sostenida con la Casa Rosada. El tercero es laboral: la provincia atraviesa un cuadro de cierre de empresas que la coloca al frente del ranking nacional de destrucción del parque productivo, con una caída del 16,1% del padrón empresarial desde diciembre de 2023, lo que convierte cualquier reforma laboral nacional en un asunto de impacto territorial directo.

Conviene precisar el cuadro fáctico de la reforma cuestionada. El proyecto del gobierno Milei contempla, en sus líneas centrales, la modificación del régimen de despidos, la flexibilización de la negociación colectiva, cambios en la modalidad de pago de indemnizaciones, ampliación del período de prueba laboral, modificaciones al régimen de jornada y horas extras, y reformulaciones en el sistema de aportes patronales y multas por trabajo no registrado. El conjunto de modificaciones configura, según los firmantes del documento provincial, una reforma estructural del régimen laboral argentino que, a su criterio, exige consensos legislativos amplios y respeto al esquema federal de competencias.

La articulación con las tres centrales sindicales tiene una lectura política particular. La CGT, conducida por una mesa de cinco que reúne a Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Pablo Moyano y otros referentes, ha venido sosteniendo una posición de confrontación selectiva con el gobierno nacional. Las CTA —tanto la de los Trabajadores conducida por Hugo Yasky como la Autónoma referenciada en Godoy— han desplegado una postura más confrontativa. El acuerdo de los seis gobiernos provinciales con las tres centrales sindicales habilita un esquema de movilización y judicialización articulada que potencia el peso de cada actor.

El compromiso de promover la declaración de inconstitucionalidad de la reforma laboral abre un escenario judicial de alta complejidad. Las provincias firmantes pueden recurrir individual o conjuntamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante acción declarativa de inconstitucionalidad, planteando que la reforma excede las atribuciones legislativas del Congreso al avanzar sobre potestades reservadas a las provincias. La estrategia procesal combina los reclamos por la coparticipación, la disputa sobre el régimen laboral y, eventualmente, otros frentes que el peronismo opositor pueda articular en el mediano plazo.

La definición de Godoy sobre el sentido político del frente es contundente. «La unidad entre las representaciones sindicales y las instituciones provinciales resulta clave para enfrentar una política que busca fragmentar y debilitar a la clase trabajadora. Frente a esta situación, profundizaremos los niveles de participación y coordinación para sostener una respuesta común en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en toda la Argentina», planteó el dirigente sindical. La frase coloca al espacio en una posición discursiva clásica del peronismo y del sindicalismo argentino, articulando defensa de derechos laborales y defensa del federalismo en una misma agenda.

La pregunta que queda planteada es qué peso real tendrá el frente de las seis provincias en el desenlace legislativo y judicial de la reforma. La efectividad dependerá de varios factores: la rapidez con que las administraciones provinciales accionen judicialmente, la capacidad de las centrales sindicales de movilizar al conjunto de los trabajadores en torno al rechazo, el comportamiento de los bloques legislativos en el Congreso —donde la suerte del proyecto se define— y la disponibilidad política del resto de los gobernadores peronistas, en particular los que mantienen relaciones más pragmáticas con la Casa Rosada como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. La adhesión riojana al frente, en ese sentido, no es solo un acto institucional: es también un mensaje político hacia el conjunto del peronismo provincial argentino sobre el camino que el quintelismo elige para enfrentar la reforma laboral.