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El juez Diego Amarante solicitó unificar en su juzgado la investigación sobre la lujosa propiedad de Pilar al sostener que el expediente por presunta evasión tributaria contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA se encuentra más avanzado
Jueves 02 de Julio de 2026
10:37 | Jueves 02 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez federal en lo Penal Económico Diego Amarante solicitó quedarse con la investigación sobre la mansión ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, en la que se busca determinar quiénes son sus verdaderos propietarios y si fue adquirida con fondos provenientes de maniobras ilícitas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El magistrado argumentó que el expediente que tramita en su juzgado, donde ya fueron procesados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia entidad como persona jurídica por presuntos delitos tributarios, se encuentra en una etapa procesal mucho más avanzada y aborda hechos que, a su criterio, revisten mayor gravedad penal que los investigados en la causa por lavado de activos.
La decisión reabre una disputa judicial que parecía resuelta tras varios meses de controversia entre la Justicia Federal de Campana y el fuero Penal Económico porteño acerca de cuál debía intervenir en la investigación sobre la propiedad.
Amarante rechazó un planteo del fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía en lo Penal Económico N.º 1, quien había solicitado que el expediente de evasión tributaria fuera remitido al Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Verónica Straccia, para unificar ambas investigaciones.
En sentido contrario, el juez envió un oficio a Straccia requiriendo que sea ella quien remita la causa de la quinta de Pilar a su juzgado, al considerar que existe una estrecha conexión entre ambos expedientes y que corresponde concentrar la investigación en el tribunal que ya analiza las maniobras atribuidas a la conducción de la AFA.
Según sostuvo en su resolución, aunque ambas investigaciones están relacionadas, el proceso que lleva adelante presenta un grado de avance significativamente superior y ya cuenta con resoluciones judiciales confirmadas en segunda instancia.
El 30 de marzo de 2026, Amarante procesó a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos. Posteriormente, el 26 de junio, la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó esos procesamientos.
Ese mismo día, la causa principal que se tramitaba en Campana fue remitida al juzgado de Verónica Straccia, donde actualmente se investiga un presunto esquema de lavado de activos.
A su vez, el 8 de mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la AFA y sus directivos por una presunta evasión tributaria agravada mediante la utilización de facturación apócrifa por $289.336.519,66. La presentación también incorporó la posible existencia de una asociación ilícita fiscal.
Con esos antecedentes, Amarante sostuvo que los delitos tributarios investigados en su juzgado poseen una escala penal igual o superior a la del lavado de activos y, por lo tanto, entiende que corresponde que ambas investigaciones sean concentradas bajo su competencia.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el agente FIFA Guillermo Luis Tofoni, patrocinado por el abogado Alberto Baños. En la presentación judicial se sostuvo que Tapia y Toviggino habrían desviado fondos de la AFA hacia empresas presuntamente ficticias para desarrollar un complejo circuito de lavado de dinero.
Según la denuncia, parte de esos fondos habrían sido canalizados desde operaciones realizadas en España y Estados Unidos hacia sociedades intermediarias atribuidas a Marcelo Saracco.
Posteriormente, el dinero habría regresado a la Argentina a través de financieras ubicadas en el microcentro porteño, habría pasado por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon y finalmente habría terminado en la sede de la AFA, ubicada sobre la calle Viamonte, o en un departamento atribuido a Toviggino en el barrio de Recoleta. Estas maniobras forman parte de la investigación que actualmente tramita el Juzgado Federal N.º 10.
Uno de los principales bienes investigados es una exclusiva propiedad de aproximadamente cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuyo valor fue estimado en alrededor de 25 millones de dólares.
El predio cuenta con helipuerto, caballerizas para caballos árabes y una colección de cerca de cincuenta vehículos clásicos. Si bien en la documentación figura registrada a nombre de una sociedad integrada por Luciano Pantano y Ana Conte, la hipótesis de la investigación sostiene que ambos actuarían como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.
La jueza Verónica Straccia deberá decidir si acepta el planteo de Amarante y remite el expediente a su juzgado o si rechaza el pedido y mantiene la investigación bajo su órbita.
En caso de que no exista acuerdo entre ambos magistrados, se abrirá un conflicto de competencia que deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que definirá cuál será el tribunal encargado de concentrar la investigación sobre las presuntas maniobras financieras y la propiedad de la mansión de Pilar.
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