La Cámara Federal revirtió un fallo de Ariel Lijo y amplió las querellas en la causa YPF

En un fallo unánime, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia revirtieron la decisión del magistrado Ariel Lijo, quien en noviembre del año pasado rechazó a la asociación civil Integridad Republicana constituirse como querellante en la histórica causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con el vaciamiento y la posterior expropiación de YPF.

Los camaristas entendieron que, en esta etapa de la investigación, los hechos bajo análisis "podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general" y que la defensa de esos intereses se encuentra comprendida dentro del objeto estatutario de la organización.

La ONG objetó el rechazo de Ariel Lijo al sostener que el caso involucra intereses colectivos cuya protección justifica su participación. Además, cuestionó que la decisión inicial del magistrado carecía de fundamentos suficientes y alegó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otra parte, Integridad Republicana también planteó que el magistrado había omitido pronunciarse sobre un cuestionamiento relacionado con la supuesta renuncia de la jurisdicción argentina a favor de los tribunales comerciales de Nueva York y Madrid, aspecto que, según la entidad, incidía sobre la investigación.

La Cámara descartó esos agravios en cuanto a la fundamentación de la resolución de Lijo. Consideró que el juez había expuesto las razones de hecho y de derecho que sustentaban su decisión y que, más allá de su acierto o error, cumplía con las exigencias legales de motivación.

El tribunal de alzada también confirmó el rechazo al pedido de apartamiento de Lijo por entender que el planteo había sido formulado antes de que la asociación fuera reconocida como parte del proceso y, por lo tanto, carecía de legitimación para impulsar esa incidencia. Sin embargo, dejó abierta la puerta para que el reclamo pueda volver a plantearse más adelante “si se configuran las circunstancias procesales que lo justifiquen”.

La causa fue iniciada durante el gobierno de Néstor Kirchner por la denuncia de la entonces diputada nacional Elisa Carrió junto a su par Fabiana Ríos. En esa presentación solicitaron investigar presuntas maniobras de vaciamiento de Repsol YPF, posibles delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, además de la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por la falta de controles estatales sobre la actividad de la compañía.

La investigación también abarca la presunta falta de controles estatales sobre la información técnica suministrada por las empresas petroleras, lo que habría permitido la manipulación de datos sobre reservas de hidrocarburos y ocasionado pérdidas para el país.

En 2012, ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, una decisión que dio lugar al posterior litigio internacional por el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia en Estados Unidos.

Durante varios años, el expediente estuvo con escasos movimientos, hasta que en 2024, la propia Cámara Federal reactivó la investigación con una serie de resoluciones destinadas, entre otras cosas, a ampliar la participación de terceros con interés legítimo. En ese marco fue admitida como primera querellante la ONG Contadores Forenses y, ahora, con la incorporación de Integridad Republicana Asociación Civil, la causa pasa a contar con dos organizaciones civiles habilitadas para impulsar la investigación, ofrecer medidas de prueba, recurrir decisiones judiciales y controlar el desarrollo del proceso.