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Vecinos, familiares y voluntarios cuestionan la respuesta en Venezuela tras los sismos y denuncian obstáculos para asistir a los damnificados.
Jueves 02 de Julio de 2026
18:02 | Jueves 02 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Tras los terremotos del 24 de junio en el norte de Venezuela, ciudadanos, voluntarios y organizaciones denunciaron demoras, falta de apoyo oficial y restricciones para canalizar ayuda humanitaria. En medio de la búsqueda de sobrevivientes, las críticas apuntan a una respuesta marcada por centralización, militarización y control político.
Un desastre natural de estas características requiere una acción coordinada: salvar vidas, asistir a las víctimas y coordinar todos los recursos disponibles.
Sin embargo, tras los terremotos que golpearon el norte de Venezuela, el reclamo de muchos ciudadanos fue en sentido contrario: la emergencia, aseguran, quedó atravesada por el control oficial.
De acuerdo con las denuncias difundidas por venezolanos, voluntarios y organizaciones, la ayuda humanitaria no fluyó con la rapidez esperada. En lugar de una coordinación amplia, los afectados señalaron trabas para quienes intentaban colaborar fuera de los canales establecidos por las autoridades.
El foco de las críticas estuvo puesto en la falta de información clara y oportuna sobre desaparecidos, fallecidos, heridos y daños.
Según esos señalamientos, la comunicación oficial fue limitada, centralizada y no respondió a la urgencia de las familias que buscaban a sus seres queridos entre los escombros.
La Guaira, ubicada a 40 km de Caracas, aparece en los relatos como una de las áreas más afectadas por los sismos.
Allí, vecinos y familiares participaron en tareas de rescate con herramientas precarias mientras esperaban apoyo técnico, maquinaria y brigadas especializadas.
Los testimonios recogidos apuntan a una misma necesidad: mayor rapidez en el despliegue de brigadas de socorro y maquinaria pesada. Los vecinos dijeron necesitar generadores eléctricos, esmeriles para cortar metales y retroexcavadoras para remover bloques de concreto.
Antonio Bermúdez, de 45 años, contó que una mujer atrapada, identificada como Jennifer, respondía desde el piso 11. “No tenemos herramientas, no tenemos cómo ayudar”, expresó, al describir la desesperación de quienes escuchaban voces bajo las estructuras derrumbadas.
Las críticas no se limitaron a la demora. Los ciudadanos denunciaron que la respuesta a una emergencia civil fue militarizada.
Mientras la población esperaba rescatistas, médicos e ingenieros, señalaron que la prioridad fue desplegar fuerzas de seguridad y reforzar el control territorial.
En ese contexto, voluntarios, organizaciones y ciudadanos afirmaron haber enfrentado trabas e intimidaciones para llevar ayuda a las comunidades afectadas.
La denuncia central fue que el manejo de la emergencia quedó subordinado a una lógica de control político.
Otra acusación recurrente fue la politización de la ayuda humanitaria. Según las denuncias, en lugar de facilitar toda asistencia disponible, las autoridades habrían intentado decidir quién podía ayudar y quién no.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó en una publicación que no dejaron entrar a Venezuela a Bomberos Medellín y al DAGRD Medellín, pese a que llevaban horas en suelo venezolano.
En su mensaje sostuvo que se trataba de “una tragedia” y “una emergencia”, y cuestionó que el ingreso dependiera de una coordinación oficial.
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