El exministro de Desarrollo Social cuestionó algunos puntos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Consideró que, si bien protege el derecho de los propietarios frente a las usurpaciones, deja en una situación de vulnerabilidad
16:47 | Viernes 07 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El exministro de Desarrollo Social y politólogo Daniel Arroyo analizó el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y expresó reparos sobre algunos de sus alcances, especialmente en lo referido a la situación de los inquilinos y a los proyectos que inicialmente acompañaban la iniciativa.
En diálogo con Fénix, Arroyo recordó que el proyecto original impulsado por el Gobierno nacional contemplaba la posibilidad de flexibilizar la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, además de modificar aspectos vinculados a las tierras afectadas por incendios. Según señaló, esos puntos finalmente no fueron aprobados durante el debate legislativo.
No obstante, afirmó que la norma mantiene disposiciones que generan preocupación. Explicó que, aunque comparte la necesidad de garantizar una respuesta rápida ante una usurpación para que el propietario recupere su inmueble, la ley también incorpora mecanismos que, a su entender, afectan a quienes mantienen contratos de alquiler.
En ese sentido, indicó que la legislación habilita procesos de desalojo con plazos muy breves frente a determinados incumplimientos contractuales, lo que considera un desequilibrio en la relación entre propietarios e inquilinos. Además, recordó que la derogación de la anterior Ley de Alquileres dejó a los locatarios sin un marco específico de protección, en un contexto donde cada vez más familias destinan gran parte de sus ingresos al pago de una vivienda.
Por otra parte, el exfuncionario también se refirió al debate sobre los conflictos de intereses dentro de la política. Al respecto, diferenció la participación de especialistas que intervienen en temas vinculados a su profesión de aquellos funcionarios o legisladores que toman decisiones sobre cuestiones relacionadas directamente con sus propios intereses comerciales.
Arroyo sostuvo que el conocimiento técnico es un aporte valioso para el debate parlamentario, pero remarcó que deben evitarse las incompatibilidades cuando una decisión legislativa puede beneficiar de manera directa a la actividad privada de quien la impulsa o la vota. En ese marco, insistió en la necesidad de fortalecer los criterios éticos y de transparencia en el ejercicio de la función pública
