El juez Andrés Romero dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de bienes para un hombre investigado por el presunto delito de usura agravada por la habitualidad.
20:14 | Viernes 21 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Villa Unión y a cargo del juez Andrés Romero, resolvió procesar a una persona investigada por el presunto delito de usura agravada por la habitualidad, en el marco de una causa vinculada con el otorgamiento de préstamos de dinero bajo condiciones que habrían resultado manifiestamente desproporcionadas para quienes los solicitaban.
En diálogo con Fenix, el magistrado explicó que la investigación comenzó hace aproximadamente tres meses, a partir de un requerimiento fiscal para investigar un hecho particular de usura. Según detalló, el delito se encuentra contemplado en el Código Penal y sanciona a quien obtiene un beneficio o ventaja patrimonial notoriamente desproporcionada aprovechándose de la necesidad, vulnerabilidad o inexperiencia de otra persona.
De acuerdo con Romero, en este tipo de situaciones quienes atraviesan dificultades económicas pueden recurrir a préstamos informales y terminar aceptando intereses o condiciones que se encuentran muy por encima de los valores habituales del mercado.
Tres allanamientos y documentación secuestrada
En el marco de la investigación se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios, procedimientos que permitieron secuestrar documentación que posteriormente fue incorporada a la causa.
El juez destacó especialmente el trabajo realizado por el personal policial de la zona, que permitió preservar el procedimiento y evitar filtraciones de información antes de los allanamientos.
A partir de la documentación secuestrada y de distintas declaraciones testimoniales, la Justicia consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento del imputado.
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la presunta habitualidad de la conducta. Según explicó Romero, no se trataría de un hecho aislado, sino de una actividad que habría sido desarrollada durante un período prolongado.
“Se logró acreditar que era normal y habitual el aprovechamiento de esta situación de necesidad de las personas y la obtención de esas ventajas patrimoniales totalmente desproporcionadas”, explicó el magistrado.
Una actividad que se habría extendido durante tres años
Según la información incorporada a la causa, la investigación habría logrado acreditar aproximadamente tres años de actividad hacia atrás desde el momento de la denuncia.
Además, alrededor de 10 personas prestaron declaración y reconocieron documentación relacionada con préstamos de dinero, entre ella contratos de mutuo y otros documentos vinculados a las operaciones investigadas.
El juez Romero aclaró que no brinda públicamente la identidad de las personas imputadas, debido a que rige el principio de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
En ese sentido, remarcó que el procesamiento se produce durante una etapa de instrucción y que será la Justicia la que deberá determinar, a medida que avance el proceso, si corresponde elevar la causa a juicio y establecer eventualmente la responsabilidad penal.
Procesamiento, prisión preventiva y embargo
Al resolver la situación procesal del imputado, el magistrado dispuso su procesamiento con prisión preventiva y ordenó el embargo de sus bienes, conforme surge de la resolución incorporada a la causa.
Romero aclaró que esta decisión no constituye una condena definitiva, sino una resolución adoptada durante una etapa preliminar del proceso, a partir de los elementos de convicción reunidos hasta el momento.
La investigación continuará con nuevas medidas destinadas a determinar las responsabilidades concretas y profundizar el análisis de las operaciones crediticias investigadas.
La importancia de denunciar los préstamos abusivos
El magistrado destacó además el rol de la persona que decidió denunciar la situación y permitió que se pusiera en marcha la investigación.
“Es necesario prevenir todas estas relaciones crediticias que son abusivas, en donde se aprovechan de la necesidad económica de las personas para obtener una ventaja netamente desproporcionada”, señaló Romero.
El caso también vuelve a poner el foco sobre los riesgos de determinados préstamos informales, especialmente cuando son otorgados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
Una deuda puede crecer rápidamente cuando se aplican intereses desproporcionados, refinanciaciones sucesivas o exigencias patrimoniales cada vez mayores. En esas circunstancias, un crédito destinado inicialmente a resolver una dificultad económica puede convertirse en una obligación difícil de cancelar.
Por ese motivo, resulta fundamental buscar asesoramiento antes de asumir compromisos financieros que puedan afectar seriamente el patrimonio, especialmente cuando se exige la firma de pagarés u otros documentos cuyo alcance se desconoce, o cuando se solicitan bienes como garantía cuyo valor supera ampliamente el dinero recibido.
La causa que tramita en Villa Unión constituye así uno de los primeros avances judiciales frente a las prácticas de préstamos abusivos y vuelve a poner en discusión la necesidad de controlar este tipo de operaciones para evitar que la necesidad económica de las personas sea utilizada como mecanismo para obtener beneficios desproporcionados.
La investigación permanece abierta y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.
