Raúl “Ruly” Juárez, periodista de Deán Funes, habló sobre la investigación que involucra a menores y advirtió sobre los “códigos de silencio” y las fallas en los controles.
19:07 | Lunes 24 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La investigación por una presunta red de explotación sexual de menores en el norte de Córdoba continúa generando conmoción y preocupación en localidades cercanas a los límites provinciales. El caso se inició a partir de la búsqueda de una adolescente que había salido de su domicilio y cuyo teléfono fue geolocalizado en Sumampa, Santiago del Estero.
En diálogo con Radio Fénix, el periodista y piloto de rally de Deán Funes, Raúl “Ruly” Juárez, brindó detalles sobre el contexto en el que se desarrolla la investigación y puso el foco en los denominados “códigos de silencio” que pueden instalarse en comunidades pequeñas y dificultar la intervención de las autoridades.
Juárez explicó que no se trataría de un hecho aislado, sino de una investigación compleja que involucra a adolescentes en situación de vulnerabilidad y a adultos que habrían abusado de ellas. En ese marco, destacó el trabajo de la fiscal de instrucción de la Novena Circunscripción Judicial, Analia Cepede, quien decidió avanzar con la investigación a partir de la denuncia por la desaparición de una menor.
Según relató, la búsqueda comenzó cuando una madre denunció que su hija no había regresado a su domicilio. A través de la geolocalización del teléfono celular se determinó que la adolescente se encontraba en Sumampa, Santiago del Estero, hasta donde se trasladó personal para localizarla.
La propia fiscal explicó que, a partir de esa búsqueda, se descubrió un escenario diferente al inicialmente planteado. La adolescente se habría retirado voluntariamente de su domicilio, pero la investigación permitió establecer que habría existido otro motivo vinculado a situaciones de explotación y abuso.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal en el audio difundido durante la entrevista, la investigación permitió detectar una modalidad en la que distintas personas se contactaban entre sí y compartían información sobre adolescentes vulnerables que podían ser sometidas a situaciones de explotación sexual a cambio de dinero.
El silencio en comunidades pequeñas
Juárez puso especial énfasis en las dificultades que pueden existir en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
“Son códigos de silencio que se establecen en lugares alejados de las grandes capitales”, sostuvo el periodista, al advertir que estos mecanismos pueden contribuir a que determinadas situaciones permanezcan ocultas durante largos períodos.
El periodista describió a Villa de María del Río Seco como una localidad de alrededor de 6.000 habitantes, considerando el área urbana y rural, ubicada a unos 262 kilómetros de Córdoba Capital.
En ese contexto, remarcó que el impacto de una investigación de estas características resulta aún mayor debido a que se trata de comunidades donde “se conocen todos” y donde determinadas relaciones sociales, políticas y familiares pueden influir en la forma en que se perciben determinadas situaciones.
La denuncia que habría quedado archivada
Durante la entrevista también surgió otro elemento que generó preocupación: el caso de una de las presuntas víctimas, quien habría denunciado anteriormente situaciones de violencia física y psicológica.
Según relató Juárez, el esposo de la mujer manifestó a Cadena 3 que ella había realizado una denuncia, pero que esta no habría avanzado y que incluso habría quedado archivada.
El periodista vinculó este antecedente con una de las principales preocupaciones planteadas durante la entrevista: la necesidad de garantizar que las denuncias relacionadas con violencia y vulnerabilidad de menores sean investigadas de manera efectiva, independientemente del contexto social o político de quienes puedan aparecer vinculados.
Preocupación por los controles en las rutas
La situación también generó un llamado de atención respecto de los controles en las rutas, especialmente por tratarse de una zona cercana a los límites provinciales.
Durante la entrevista se planteó la necesidad de que los controles no estén orientados únicamente a cuestiones administrativas o multas, sino también a detectar situaciones vinculadas con el traslado de personas, especialmente menores en condiciones de vulnerabilidad.
El caso, que tuvo ramificaciones entre Córdoba y Santiago del Estero, volvió a poner bajo la lupa la necesidad de reforzar la prevención y la coordinación entre organismos de seguridad y justicia de distintas jurisdicciones.
La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales y el alcance de la presunta red investigada.
