María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, pidió que se prorrogue la ley, que nunca se aplicó pese a haber sido ratificada por el Congreso. Advirtió sobre el deterioro del sistema público de salud y el aumento de la mortalidad infantil.
18:06 | Viernes 09 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), explicó que la Ley de Emergencia Pediátrica nació a partir del conflicto del Hospital Garrahan y se extendió a toda la pediatría del país. Según detalló, establece que los salarios de quienes trabajan con infancias deben recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, que se aumenten los ingresos de los residentes y que se exima del impuesto a las Ganancias a las guardias y horas extras. Recordó que el Gobierno la vetó, que el Congreso ratificó la norma y que, aun así, el Ejecutivo directamente no la cumplió.
Ante el cercano vencimiento de la ley, sostuvo que es necesario que el Congreso la prorrogue y exija su cumplimiento efectivo. Contó que desde el Hospital Garrahan mantuvieron contactos con legisladores, incluso de la Comisión de Salud, pero que no obtuvieron respuestas concretas. Señaló que el tema no figura en el temario de la sesión del 15 y que seguirán presionando "porque es una necesidad sanitaria".
Boriotti afirmó que lo primero que hay que hacer es revertir las políticas de desmantelamiento del sistema público de salud, con recortes presupuestarios y subejecución en programas sanitarios. Describió un aumento de la mortalidad infantil, que no crecía hacía más de 20 años, y de la mortalidad materna, además de más casos de tuberculosis y sífilis, tasas de suicidio alarmantes y más muertes de personas mayores de 65 años, que vinculó con los ajustes en el PAMI y la falta de medicación gratuita. Mencionó también las muertes por fentanilo contaminado, que atribuyó a falta de control del Ministerio de Salud y de la ANMAT.
Sobre las desigualdades entre regiones, explicó que se deben a la falta de una política sanitaria nacional, a la baja de fondos enviados a las provincias y a la ausencia de regulación. Indicó que las provincias también sufren el ajuste, por la reducción de la coparticipación y de los fondos específicos de salud, y que algunas, con más recursos, pueden cubrir parte de lo que Nación dejó de garantizar, mientras otras no.
Por último, señaló que las provincias también tienen responsabilidad en la pérdida de profesionales. En el caso de La Rioja, afirmó que los salarios están por debajo de la línea de pobreza y que hay trabajadores con contratos precarios, sin pase a planta, que cobran alrededor de 600.000 pesos. Sostuvo que esto obliga a muchos a tener varios trabajos y deteriora la calidad del sistema.
