Juicio por YPF: Preska avaló una instancia para debatir una eventual sanción contra Argentina

La causa vinculada a la expropiación de YPF sumó un nuevo foco de conflicto en los tribunales de Estados Unidos, esta vez a partir de un expediente que corre por fuera del juicio principal. En las últimas horas la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dio luz verde al calendario de presentaciones pedido por los demandantes para avanzar con eventuales sanciones contra la Argentina por presunto desacato y convocó a una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.

De acuerdo con los primeros datos que circulan sobre esta novedad judicial, la magistrada evalúa las acusaciones formuladas contra el país y da lugar a la discusión sobre ese posible escenario, así como la aplicación de penalidades que podrían resolverse durante esa instancia o en los días inmediatamente posteriores.

Este caso se enmarca dentro del proceso de discovery, una investigación judicial que avanza en paralelo al litigio central por la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

A través de este expediente, la Justicia norteamericana intenta establecer si existen activos de la Argentina susceptibles de embargo o si determinadas empresas y organismos —como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o la propia YPF— pueden ser considerados una extensión del Estado para garantizar un eventual cobro.

La semana pasada, Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino, adelantó que le pedirá a la jueza Preska que declare al país en desacato y la sancione.

“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, destacó un paper de Latam Advisors.

“Argentina se ha opuesto al cronograma propuesto, argumentando que los acreedores buscan una audiencia probatoria indefinida y prematura. La República sostiene que los demandantes no han especificado el alcance, las cuestiones ni los posibles testigos asociados con dicho procedimiento”, sintetizó la consultora de Sebastián Maril.

En la causa principal, la Argentina ya enfrenta una sentencia de primera instancia desfavorable. Preska sostuvo que el país incumplió el estatuto de YPF al momento de la expropiación y afectó los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Petersen Inversora. Por ese motivo, ordenó el pago de una indemnización de US$16.100 millones, a la que se suman cerca de US$2000 millones en intereses. Esa decisión fue apelada y quedó ahora bajo análisis de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.