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Un joven venezolano fue deportado a El Salvador tras ser identificado como presunto miembro del Tren de Aragua, basándose en un sistema de evaluación que consideró sus tatuajes como evidencia incriminatoria.
Viernes 16 de Mayo de 2025
11:08 | Viernes 16 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano de 31 años, fue deportado desde Estados Unidos a El Salvador después de que las autoridades migratorias lo identificaran como presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua. La decisión se basó en un sistema de puntos que consideró sus tatuajes como indicios de afiliación delictiva.
Hernández, originario de Capacho Nuevo, Venezuela, emigró en mayo de 2023 hacia Estados Unidos, atravesando la selva del Darién y llegando a Tijuana, México. El 29 de agosto de ese año, se presentó en el cruce fronterizo de San Ysidro para solicitar asilo, alegando persecución en su país por motivos políticos y por su orientación sexual. Sin embargo, fue detenido de inmediato y trasladado al Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego.
Durante su detención, un funcionario de la empresa privada CoreCivic, contratada por el gobierno estadounidense, aplicó un formulario titulado "Validación/Confirmación de Miembro de Grupo que Amenaza la Seguridad". Este sistema asigna puntos en nueve categorías para determinar la posible afiliación a organizaciones criminales. En el caso de Hernández, se le atribuyeron puntos por tener tatuajes de coronas junto a las palabras "mom" y "dad" en sus muñecas, interpretados como símbolos asociados al Tren de Aragua.
El tatuador que realizó los diseños explicó que las coronas eran un homenaje a los padres de Hernández, inspiradas en la festividad de los Reyes Magos, tradicional en su localidad natal. A pesar de esta explicación, las autoridades consideraron los tatuajes como evidencia suficiente para su deportación.
Actualmente, Hernández se encuentra recluido en la megacárcel de El Salvador, país con el que Estados Unidos tiene acuerdos para la deportación de personas consideradas peligrosas. Su caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la fiabilidad del sistema de puntos utilizado y alertan sobre posibles violaciones al debido proceso.
Este incidente pone de relieve los desafíos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de asilo y la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación utilizados por las autoridades migratorias para evitar decisiones basadas en interpretaciones erróneas o insuficientes.
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