Por unanimidad, el Tribunal Oral Federal N°7 dispuso la pena de 4 años de prisión para el exministro de Planificación Federal; y de 3 años y medio para el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión
16:18 | Martes 30 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Luego de poco más de 6 meses de debate, los jueces del Tribunal Oral N°7 condenó al ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y a su número 2 en esa cartera, Roberto Baratta, por la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada. También los condenó a las penas de 4 años, y 3 años y 6 meses respectivamente por la responsabilidad de ambos en la compra de Gas Natural Licuado con sobreprecios.
En ese sentido, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero también condenaron a Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo y apoderado de la consultora Diligentia S.A. a la pena de 3 de prisión en suspenso por considerarlo partícipe necesario de dicha maniobra.
Nicolás Dromi San Martino, condenado como participe necesario
Nicolás Dromi San Martino, condenado como participe necesario
Dromi San Martino fue quien actuó como intermediario de Energía Argentina S.A. (Enarsa), que tuvo como titular a su padre, José Roberto Dromi y a Exequiel Omar Espinosa, y también fue intermediario de las firmas, Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa. Tanto Dromi padre como Espinosa fueron procesados y enviados a juicio pero la acción penal quedó extinta por el fallecimiento de ambos.
Por otra parte, los magistrados del TOF 7 dispusieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Julio De Vido y Roberto Baratta. El tribunal dio por probado que el manejo de ambos exfuncionarios entre 2009 y 2009 durante la adquisición de 11 buques con GNL con fondos públicos fue transgrediendo la normativa para la contratación pública, lo que le generó un millonario déficit millonario al erario estatal por más de más de 5 millones y medio de dólares.
La situación de Julio De Vido, Roberto Baratta y Nicolás Dromi San Martino en la causa
De Vido, Baratta y Dromi San Martino habían sido sobreseídos en primera instancia. No obstante, las pruebas entregadas por el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien trabajó en Enarsa bajo la comanda de Espinosa, hicieron que la Justicia reviviera el expediente.
Durante su alegato, la fiscal Fabiana León reclamó que el ex ministro fuera condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y su antiguo brazo derecho a cuatro años y medio tras sostener que la defraudación se manifestó “en forma de comisiones innecesarias, sin justificación técnica y operativa en beneficio de intermediarios particulares”, al tiempo que reclamó 4 años de prisión para San Martino.
La Devolución del dinero defraudado al Estado
En el fallo leído por el juez Enrique Méndez Signori, el TOF 7 ordenó a Dromi San Martino fijar residencia y someterse a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar el curso “lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado: aspectos esenciales de la responsabilidad corporativa para prevenir la corrupción”.
Asimismo el tribunal dispuso mantener las obligaciones procesales vigentes a De Vido y Baratta en la causa conocida como “cuadernos” donde ambos actualmente se encuentran en libertad.
Finalmente los magistrados ordenaron la reposición de 5.523.345 dólares correspondiente a la defraudación más los intereses. De ese total, 731.744 dólares deberán ser devueltos de forma solidaria entre Julio De Vido y Roberto Baratta y 4.791.600 dólares también de manera solidaria, es decir, acordada entre los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y Nicolás Dromi San Martino.
La condena de De Vido se da en un momento clave de su futuro judicial. El exministro fue absuelto la semana pasada en la causa conocida como “Mamá Corazón” también por administración fraudulenta, pero enfrenta un pedido de condena de 5 años de prisión por el mismo delito además de cobro de coimas por la adjudicación para la construcción de dos gasoductos a la firma sueca Skanska.
El expediente por sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado inició en 2014 tras la denuncia de los legisladores del PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso y fue el puntapié que por conexidad el fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli continuaran con la llamada “causa de los cuadernos” de Oscar Centeno, cuyo juicio iniciará el próximo mes de noviembre.
