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La Comisión de Acusación del organismo resolvió nuevas medidas en expedientes sensibles que involucran denuncias por corrupción, abuso, violencia laboral y expresiones discriminatorias, y decidió no frenar las investigaciones durante el mes de enero.
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17:10 | Miércoles 17 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Consejo de la Magistratura dio un paso significativo en varias investigaciones contra magistrados federales y nacionales. La Comisión de Acusación dispuso nuevas medidas para profundizar las denuncias contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain; el juez civil y comercial, Patricio Maraniello; el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava; y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Además, escuchó en ejercicio de su defensa al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, denunciado por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas en redes sociales.
Salmain enfrenta una de las situaciones más graves. La comisión decidió habilitar la feria judicial de enero para avanzar en su caso, una medida poco frecuente que fue aprobada por unanimidad. El magistrado rosarino es investigado penalmente por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento, a partir de una causa impulsada por fiscales de esa ciudad.
También se lo acusa de haber mentido en su currículum al no informar que había sido despedido del Poder Judicial cuando era empleado, y de haber dictado una medida cautelar a cambio de una coima, hecho que habría sido confesado por un arrepentido. A eso se suman denuncias por intentar influir en fuerzas de seguridad durante el secuestro de su teléfono celular y por irregularidades en expedientes previsionales.
La comisión también resolvió habilitar feria para continuar las investigaciones contra Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral, y contra Pablo Díaz Lacava, quien está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas. Los hechos, según consta en el expediente, habrían sido cometidos contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género. El objetivo es tomar nuevos testimonios e incorporar prueba al expediente.
En paralelo, la comisión avanzó el trámite contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a partir de la denuncia impulsada desde kirchnerismo en relación con la detención de una militante y su madre tras un escrache al entonces diputado José Luis Espert en su domicilio.
En ese marco, se resolvió incorporar notas periodísticas publicadas cuando la causa estaba bajo secreto de sumario y citar a declarar a Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, y a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.
Durante la misma reunión, la Comisión de Acusación escuchó al juez Alfredo López, quien fue citado a ejercer su descargo. López negó ser antisemita y sostuvo que sus publicaciones fueron reacciones a agresiones recibidas en redes sociales. “Si en 40 años no he tenido imputaciones de esta naturaleza, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces?”, se preguntó, y agregó que “los jueces como ciudadanos también son hombres”. Por otra parte, reconoció que debió actuar con mayor prudencia, pero afirmó que no tuvo intención de ofender.
La sesión tuvo además un tono de cierre de ciclo. Fue la última presidida por el senador Luis Juez al frente de la Comisión de Acusación, cargo que a partir del año próximo ocupará el abogado Alberto Maques. Durante el encuentro, varios integrantes y asistentes destacaron el trabajo realizado durante el año y el impulso dado a causas disciplinarias contra magistrados.
Días antes, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, había reivindicado públicamente el avance del organismo tanto en concursos y ternas como en el tratamiento de denuncias contra jueces.
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