Malvinas: Milei ordenó sancionar a 45 empresas y accionistas por explotar hidrocarburos sin autorización

La Oficina del Presidente informó este viernes que, por instrucción de Javier Milei, la Cancillería argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La medida busca investigar y sancionar la presunta violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece restricciones para determinadas actividades hidrocarburíferas relacionadas con las islas.

Según el comunicado oficial, el procedimiento no alcanzará únicamente a las compañías que desarrollan las actividades, sino también a sus accionistas y a empresas que les hayan prestado servicios para llevarlas adelante.

Comunicado sobre las sanciones a 45 personas por explotación en Malvinas.

OPRA.

El Gobierno reafirmó el reclamo de soberanía sobre las islas

En el documento, el Gobierno sostuvo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, "son argentinos. Por historia y por derecho".

La administración de Milei cuestionó además el avance de las actividades vinculadas con la extracción de recursos naturales en el área y consideró que la ocupación británica de las islas "ha profundizado severamente su accionar".

La decisión se conoce a 24 horas de la cadena nacional de Javier Milei por la causa Malvinas, en la que el Presidente volvió a colocar el reclamo de soberanía sobre las islas en el centro de su agenda.

"La Argentina no resignará jamás su soberanía sobre las Malvinas"

En el comunicado, la Oficina del Presidente presentó las sanciones como un acto de justicia hacia quienes "lucharon y dieron su vida por nuestra Nación".

Además, el Gobierno planteó que la decisión constituye un mensaje hacia la comunidad internacional y remarcó que la Argentina "no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas".

El texto también advierte que quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el territorio reclamado por Argentina "encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley" para hacer valer la posición argentina sobre las islas.