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La histórica referente de la Red Infancia Robada llega a La Rioja para exigir explicaciones por el traslado de la menor separada de su madre; un expediente incómodo que roza la matriz institucional local.
Miércoles 10 de Junio de 2026
10:14 | Miércoles 10 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La presencia de la hermana Martha Pelloni nunca es neutral para el poder político ni judicial de ninguna provincia argentina. Su nombre, indeleblemente ligado a la demanda de justicia por el femicidio de María Soledad Morales en la Catamarca de los noventa, arrastra un peso simbólico capaz de alterar los equilibrios más consolidados. El anuncio de su inminente desembarco en La Rioja, programado entre el 17 y el 19 de junio, promete encender alarmas en los despachos del Tribunal Superior de Justicia local, en el marco de uno de los expedientes más sensibles y cuestionados de los últimos años: el caso de la niña "Arcoiris".
Pelloni, a través de la Red Infancia Robada, decidió involucrar su capital político y social de manera directa en el territorio. El itinerario de la religiosa no contempla cortesías protocolares: su objetivo es sentarse frente a la jueza Ana Carla Menem y ante las máximas autoridades del Ministerio Público de la Defensa para demandar precisiones sobre las condiciones en las que se encuentra la menor de diez años.
La trama detrás del caso expone los pliegues más opacos de un sistema judicial que lleva desde 2018 sin ofrecer respuestas definitivas. La niña, cuyas denuncias por presunto abuso sexual infantil contra su abuelo paterno originaron el conflicto, transitó un periplo que incluyó años de refugio y protección en Buenos Aires junto a su madre. Sin embargo, el drástico giro impuesto en diciembre pasado, cuando la justicia ordenó su restitución forzada a suelo riojano para quedar bajo la órbita de la familia paterna, detonó el conflicto que hoy escala a nivel nacional.
"La visita de Martha Pelloni vuelve a poner el foco sobre el accionar judicial en casos de abuso sexual infantil y sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en los procesos que afectan directamente sus vidas", señalan desde las organizaciones que articulan la llegada de la monja.
Para el oficialismo institucional riojano, habituado a manejar los tiempos procesales con un celo riguroso y lejos del radar mediático porteño, la auditoría social que propone Pelloni representa un escenario incómodo. El aislamiento denunciado por la familia materna, que acusa una drástica restricción de los vínculos afectivos de la niña tras el traslado, será el núcleo del reclamo.
En términos estrictamente políticos, la intervención de la Red Infancia Robada amenaza con romper el cerco de silencio que suele rodear a las causas de familia en la provincia. Al nacionalizar el conflicto, Pelloni no solo impugna una resolución judicial específica, sino que expone las falencias de un andamiaje institucional que, ante la mirada de las organizaciones civiles, parece priorizar las formas procesales por encima del interés superior del niño. La Rioja se prepara para tres días de alta tensión, donde la justicia local deberá revalidar sus credenciales ante los ojos de una de las fiscalizadoras más implacables del país.
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