La Justicia de Brasil agravó la situación judicial del argentino acusado de llamar "esclavo" a un niño

La Justicia brasileña endureció la situación judicial de Eduardo Ignacio Murias, el argentino de 63 años acusado de realizar comentarios racistas contra un niño de 7 años durante un viaje en el tradicional tren turístico Maria Fumaça, en el estado de Minas Gerais. El hombre fue formalmente imputado por los delitos de injuria racial y racismo, dos figuras penales que en Brasil son tratadas con especial severidad.

El episodio que generó la denuncia en Brasil

El episodio ocurrió el 24 de mayo en la ciudad histórica de Tiradentes. Según la denuncia, el menor viajaba junto a su madre y otros familiares cuando un pasajero advirtió que Murias le tomaba fotografías y grababa videos sin autorización. Al observar la situación, descubrió que el argentino enviaba esas imágenes a través de WhatsApp junto con mensajes de contenido discriminatorio.

Los chats que probaron los comentarios racistas del argentino sobre un niño de 7 años en Brasil.

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Entre los textos hallados en el teléfono figuraba una frase que generó indignación: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí". De acuerdo con la investigación, también habría realizado otros comentarios en los que hablaba de "llevar una esclava" para cuidar a sus nietas.

Tras ser confrontado por los pasajeros, Murias negó inicialmente los hechos y se resistió a mostrar su celular. Sin embargo, la presión de los presentes y la intervención de la familia permitieron acceder a las conversaciones. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, personal de seguridad y pasajeros lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Militar, que lo trasladó a una comisaría de São João del-Rei.

Cómo sigue la situación judicial del argentino

Desde entonces, Eduardo Ignacio Murias permanece detenido. La fiscalía rechazó un acuerdo de no persecución penal y argumentó que los delitos raciales no pueden recibir ese beneficio debido a la gravedad con la que son considerados por la legislación brasileña y la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal.

La defensa sostiene que los mensajes fueron enviados en un ámbito privado y que no existió una manifestación pública dirigida a la víctima, por lo que considera que la conducta no configura un delito. Además, cuestiona que se le imputen dos figuras penales distintas por un mismo hecho.

Por su parte, la familia del niño celebró la decisión judicial de avanzar con la causa. Su abogado, Gilberto Silva, aseguró que el menor y sus familiares continúan recibiendo asistencia psicológica debido al impacto emocional del episodio y adelantó que también impulsarán una demanda civil para reclamar una indemnización por daños morales y materiales.

Con la denuncia ya aceptada por la Justicia, la investigación preliminar quedó concluida y comenzó formalmente el juicio. En la próxima etapa deberán declarar testigos, peritos encargados de analizar el celular secuestrado, familiares de la víctima y el propio acusado. La fiscalía busca que una eventual condena supere los cuatro años de prisión, un umbral que en Brasil puede implicar el cumplimiento efectivo de la pena en una cárcel.